Publicaciones de la categoría: Humedales

Humedales (6): La Defensoría del Pueblo de la Nación pide el fin de los barrios privados sobre humedales

Miércoles 1 de diciembre de 2010
Argentina: La Defensoría del Pueblo de la Nación pide el fin de los barrios privados sobre humedales

INDYMEDIA

Es el primer organismo público de la Argentina en expedirse sobre el daño ambiental y social generado por las grandes urbanizaciones cerradas sobre tierras inundables. El negocio de los complejos de barrios privados se basa en la adquisición -muchas veces irregular- de estas tierras a bajo costo para rellenarlas, lo que destruye su rol ecológico, perjudica a los pobladores preexistentes y arrasa con el patrimonio arqueológico milenario de los pueblos originarios.
Punta Querandí, un sitio sagrado querandí ubicado en el paraje rural de Punta Canal (Tigre), sirvió de voz de alerta por la destrucción del patrimonio natural y cultural bonaerense por acción de las desarrolladoras de barrios privados, situación que cometen sin ningún control de las autoridades ambientales y arqueológicas desde los 90′. En agosto un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación se centró en el impacto arqueológico, ahora una nueva resolución -mucho más contundente- focaliza sobre el impacto ambiental.
Con fecha de 11 de noviembre, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, exhortó a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando a sólo autorizar de emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales. Además pidió realizar un estricto control en el cumplimiento de la exigencia legal de Estudio de Impacto Ambiental, para los emprendimientos urbanísticos o industriales en las zonas continentales vecinas al Delta del río Paraná. Por último, reiteró a las munipalidades las exhortaciones de la resolución 100/10 emitida en agosto donde se les pide a los municipios que informen a través de todos los medios de comunicación local el listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental. Así mismo también se los exhortó a que adopten el procedimiento de Audiencia Pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la Evaluación de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura.
La actuación se inició en marzo por una solicitud de integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha que reclama por el sitio sagrado de Punta Querandí, un predio público con restos arqueológicos que es reivindicado por organizaciones indígenas, vecinos y pobladores del Gran Buenos Aires. En el lugar la empresa EIDICO quiere ampliar los dominios del Complejo Villa Nueva, un megaemprendimiento de 850 hectáreas y 11 barrios náuticos construidos sobre tierras inundables del humedal del Delta del río Paraná.
A partir de esta problemática, la Defensoría amplió su investigación al conjunto del Delta, motivo por el cual se pidieron informes a las municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Sin respuesta de los gobiernos, el organismo nacional emitió la resolución 100/10 que exhorta a adoptar medidas para preservar sitios arqueológicos. La indiferencia demostrada por las municipalidades ante esta resolución “obliga al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio natural”, expresó el organismo en el nuevo dictamen.
Horacio Esber, director de derechos sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, explicó a Indymedia que si bien la resolución no es de cumplimiento directo, sirve a la población como fundamento para pedirle a la justicia una medida cautelar para frenar un emprendimiento que los afecte. “Para un juez va a ser mucho más fácil dar curso a la demanda”, confió el funcionario, quien agregó que el dictamen se refiere a la región interior del Delta pero tiene incidencia en otras regiones del país donde existan humedales.
Importancia del humedal
En sus considerandos, la Defensoría expresó que es fundamental “crear o reforzar la conciencia colectiva sobre el concepto de humedal, para revalorizar esa riqueza de nuestro medio natural, en la perspectiva de los servicios que prestan a la naturaleza y a la sociedad”. “Una región de humedales no es equiparable, ni geográfica, ni demográfica, ni económica, ni culturalmente, a las otras regiones continentales urbanas o rurales”, agregó el organismo, que destacó que su contaminación se produce “como una especie de cáncer que se va extendiendo por debajo de la superficie, sin ser, a veces, evidente”.
La Defensoría definió la región inferior del Delta como la más afectada por la actividad humana: explotación económica de cultivos, obras viales y emprendimientos urbanísticos o turísticos. Y subrayó que su población tiene diversas motivaciones para vivir allí, además de quienes realizan actividades económicas están las personas que han optado por un tipo vida diferente al de las ciudades o las zonas rurales del continente, quienes ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, “el derecho a una opción de vida” y brindan a la Nación y a la humanidad la función de “custodios de fuentes de recursos vitales”.
Entre otros aspectos negativos de estos emprendimientos, el organismo destacó que los pobladores aledaños a los barrios privados denuncian que pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos; y ven además anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de la tierras donde construidas tales barrios. Además remarcó que se cuestiona que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de su enajenación.
Desde la Defensoría expresaron que la problemática de los barrios privados aún no está muy visualizada por los sectores políticos, a diferencia de lo que sucede con los agrotóxicos, pero que esperan que el dictamen tenga mucho impacto en las organizaciones no gubernamentales, sectores ambientalistas y los medios alternativos.
La inédita resolución de la Defensoría es un logro conjunto del reclamo por los ancestrales habitantes del humedal, motorizado por el Movimiento en Defensa de la Pacha, y de ambientalistas como la Asamblea Delta y Río de la Plata (Tigre), la Asociación Ambientalista Los Talares (Escobar) y la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, quienes también iniciaron actuaciones ante el organismo público nacional.
A continuación, la resolución completa:
BUENOS AIRES, 11 de noviembre de 2010
VISTO la actuación 959/10, “Solicitud de intervención relacionada con la preservación del patrimonio arqueológico y natural del Delta del Río Paraná en la localidad de Tigre”, y
CONSIDERANDO:
Que esta actuación se inició con la presentación de vecinos de la localidad de TIGRE, en la que expresan su preocupación por la amenaza a los sitios arqueológicos y por el impacto ambiental como consecuencia de la construcción de barrios cerrados.
Que asimismo señalan, que el impacto ambiental (esto es, el impacto ecológico más el social), por la urbanización de miles de hectáreas de humedales, representa una seria afectación al ecosistema del Delta del Paraná.
Que la especificidad de ambas cuestiones aconsejó abordar cada una en diferentes resoluciones.
Que mediante Resolución D.P. Nº 100/10, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION formuló las exhortaciones del caso a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO, a efectos de la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico en la región.
Que se registran asimismo en esta Institución, las actuaciones Nº 5500/10, caratulada: “Asociación Ambientalista Los Talares, sobre falta de respuesta sus reclamos” y actuación Nº 5642/10, caratulada: “Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, sobre solicitud de intervención vinculada a la proliferación de emprendimientos urbanísticos en humedales continentales e insulares”.
Que en estas actuaciones se cuestionan, así como en la presente, las urbanizaciones proyectadas en el humedal del Delta.
Que en lo relativo a la cuestión ambiental (objeto de la presente resolución) se debe partir del hecho que el Delta del Paraná posee características biogeográficas y ecológicas particulares, debido a que el Río Paraná fluye desde los trópicos hasta la zona templada, arrastrando rica variedad de sedimentos, los cuales en su desembocadura, forman el único Delta del mundo sin contacto con el mar, es decir, totalmente de aguas dulces.
Que es uno de los más importantes humedales de Argentina con aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados, que se extiende a lo largo de casi 400 kilómetros por unos 60 km. de ancho.
Que al respecto, es fundamental crear o reforzar la conciencia colectiva sobre el concepto de humedal, para revalorizar esa riqueza de nuestro medio natural, en la perspectiva de los servicios que prestan a la naturaleza y a la sociedad.
Que a partir de este conocimiento, se puede analizar alternativas de manejo productivo que sean compatibles con su uso sostenible.
Que la región inferior del Delta (limitada al norte por el Río Paraná Guazú, al sur por el Río Luján, al oeste por el canal Irigoyen en el partido de Zárate y al este por la frontera móvil del Río de la Plata) es la más afectada por la actividad humana: explotación económica de cultivos, obras viales y emprendimientos urbanísticos o turísticos.
Que además, hay que considerar que el reciente corrimiento de la frontera agrícola, ha significado un incremento muy grande de la explotación ganadera en zonas insulares, antes poco ocupadas, con sus consecuencias ambientales, por falta de control estatal.
Que, a propósito del punto anterior, es conocido el reciente fenómeno de los incendios forestales sin control en el Delta, debido a la imprudente quema de malezas con el objetivo de liberar tierras bajas para la ganadería, desplazada de las tierras altas por el cultivo de la soja.
Que también se registra la amenaza indirecta de la contaminación de afluentes, como el Río Reconquista que arrastra deshechos de regiones altamente pobladas de la provincia Buenos Aires
Que obran en esta Defensoría antecedentes en varias actuaciones que tratan directa o indirectamente sobre presuntas violaciones al derecho a un ambiente sano y a la elección de una forma de vida sobre la región que nos ocupa: Act. 9197/00 por posible contaminación de zonas isleñas; Act. 11691/00 sobre corte del río Reconquista; Act. 11805/00 Reserva de la biosfera y la integridad del Delta del Paraná; Act. 118/02 sobre refulado de barros; Act. 1606/04 sobre contaminación del Río Reconquista; Act. 2136/08 sobre incendios en el Delta del Río Paraná.
Que, por otra parte, no puede considerarse que un humedal concluya en la margen de un río (como el Luján), asumiendo a este límite geográfico como si fuera un límite político, cuando, en la otra margen de ese río (en este caso, la continental), se dan también las características propias del humedal como lo son los bajos inundables, que a tal punto son bañados que para su utilización (en el caso urbanizaciones) los mismos son rellenados a cotas tales que descarten su anegamiento aún en los casos de las más altas crecientes.
Que este hecho implica un tipo de agresión al medio ambiente, especialmente sensible a la naturaleza y a la vida humana, por cuanto la contaminación de humedales, en una región que posee ríos con caudales y fuerza como los del Delta, suele no ser fácilmente detectable. Esta dificultad se debe a que la potencia de esas corrientes de agua parecen “limpiar” todas las superficies a su paso en cada movimiento de marea, pero en realidad la contaminación se produce como una especie de cáncer que se va extendiendo por debajo de la superficie, sin ser, a veces, evidente.
Que toda consideración sobre estos tópicos debe guiarse por la vigencia del concepto de desarrollo sustentable que contiene como criterio fundamental el uso racional de los recursos al servicio de la comunidad.
Que desde este supuesto socio-económico y cultural, contenido en el marco jurídico del derecho ambiental, considerado hoy como un derecho humano en la línea de los derechos sociales, una región de humedales no es equiparable, ni geográfica, ni demográfica, ni económica, ni culturalmente, a las otras regiones continentales urbanas o rurales.
Que esto que parece evidente, no lo es tanto si se recuerda que, para las intensas prácticas desarrollistas, todavía vigentes en el segundo tercio del siglo pasado, la mayor parte de lo que hoy se define como humedales, se los consideraba pantanos insalubres y deberían de haber sido rellenados para adecuarlos a la agricultura o asentamientos humanos.
Que por otra parte la población del Delta tiene diversas motivaciones para vivir allí. Además de quienes realizan actividades económicas (y no siempre viven en el Delta) están las personas que han optado por un tipo vida diferente al de las ciudades o las zonas rurales del continente.
Que al elegir vivir de ese modo, oriundos o inmigrantes, ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, el derecho a una opción de vida y, al mismo tiempo, brindan a la Nación y a la humanidad la función de custodios de fuentes de recursos vitales.
Que respecto a esta opción de vida, en su oportunidad esta Defensoría procedió a verificar in situ una encuesta, anteriormente realizada, a los pobladores de la Primera Sección de Islas del Delta del Paraná.
Que la misma había sido realizada por la Cátedra de Ingeniería Ecológica de la Universidad de Flores y su objetivo fue recabar la opinión de los vecinos con respecto al proyecto de urbanizaciones y sistemas viales a cargo de una empresa privada.
Que los resultados objetivos de la encuesta verifican que la inmensa mayoría de la población teme las consecuencias ambientales y sus consiguientes perjuicios para la calidad de vida, por la realización de proyectos urbanísticos sin riguroso control estatal en el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Que además el 88,5 % se oponía a cualquier construcción de calles en las islas. El 85,8 % se oponía la construcción de puentes. El 84,5 % se oponía a las construcción de countries.
Que es significativo que tanto las personas que trabajan fuera del Delta, como las que viven en su exterior, se opongan a todo tipo de caminos y puentes, los que a prima facie facilitaría sus traslados cotidianos.
Que estas personas afirman que prefieren afrontar las contingencias de los transportes acuáticos a cambio de los beneficios que significa el mantener la identidad de la región en su carácter de humedal.
Que manifiestan su convicción de que el Delta del Paraná es un patrimonio público a disposición y disfrute de todos los habitantes de la Nación, siempre y cuando siga siendo precisamente Delta.
Que en tal sentido no se oponen a las actividades turísticas, muy por el contrario, ven con simpatía la presencia de turistas, porque además ello contribuiría a difundir y crear una conciencia nacional sobre el valor de este sistema hidrológico,
Que exigen que las mismas se lleven a cabo cumpliendo rigurosamente las normas jurídicas y de cuidado del medio natural.
Que se hace especial hincapié en el carácter del Delta del Paraná, único en el mundo totalmente rodeado de agua dulce, inmensa reserva, el más rico del planeta en la diversidad de su fauna.
Que este conjunto de humedales componen un ecosistema frágil extraordinariamente sensible a la intervención de la ingeniería humana.
Que son altamente alentadoras las diversas propuestas de declarar a toda la región del Delta del Paraná como “Zona protegida” en alguna de las figuras nacionales o internacionales adecuadas al respecto ( “Sitio Ramsar”, por ejemplo)
Que la Convención RAMSAR (2000) ha producido un encuadre metódico y conceptual de gran valor a este fin.
Que los manuales de RAMSAR para el uso sostenible de humedales resultan útiles también para el análisis y gestión de impaºctos ambientales de proyectos de desarrollo.
Que señalan asimismo los requirentes, el impacto ecológico y social ocasionado por los emprendimientos localizados en tierra firme, destacando la “urbanización de miles de hectáreas de humedales” con la afectación que ello representa al ecosistema del Delta del río Paraná.
Que al elegir vivir de ese modo, oriundos o inmigrantes, ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, el derecho a una opción de vida y, al mismo tiempo, brindan a la Nación y a la humanidad la función de custodios de fuentes de recursos vitales.
Que denuncian también que pobladores aledaños a los barrios cerrados, pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos y ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios.
Que se cuestiona asimismo, que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.
Que en materia de emprendimientos urbanísticos, proyectos turísticos y todo tipo de explotaciones económicas de recursos naturales o despliegues de infraestructuras, el carácter federal de la República Argentina establece dominios, jurisdicciones y administraciones diferenciadas por diversos niveles de autonomía.
Que no obstante el considerando anterior, la Constitución Nacional, los tratados de rango constitucional y los tratados internacionales, constituyen un compromiso indisoluble con la preservación del medio ambiente, los ecosistemas, la conservación biológica, los patrimonios naturales y culturales y los derechos humanos, mediante una estricta coordinación con el Estado Nacional en las políticas a aplicar.
Que al elegir vivir de ese modo, oriundos o inmigrantes, ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, el derecho a una opción de vida y, al mismo tiempo, brindan a la Nación y a la humanidad la función de custodios de fuentes de recursos vitales.
Que denuncian también que pobladores aledaños a los barrios cerrados, pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos y ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios.
Que se cuestiona asimismo, que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.
Que la índole de la problemática excede en mucho la circunscripción al partido de Tigre, para abarcar el conjunto del Delta.
Que a efectos de no angostar la investigación e incluir en la misma zonas afines, en las que podrían verificarse circunstancias similares a las planteadas por los interesados respecto de la localidad de Tigre, se formularon pedidos de informes a las autoridades comunales de la zona costera del río Paraná que se extiende entre los municipios de Zárate y San Fernando.
Que los requerimientos se cursaron a los Intendentes Municipales de las siguientes Comunas: ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO.
Que, tal como se expresara en la reciente Resolución D.P. 100/10, esas solicitudes abordaban aspectos esenciales que hacen al desarrollo sustentable, respetuoso del patrimonio natural y cultural.
Que, entre los datos requeridos a los municipios, se hallaban los siguientes:
– Detalle los nombres y localización de los Barrios Cerrados (BC) autorizados a partir del 2 de febrero de 1998, indicando en cada caso:
Si se cumplió en cada caso con el estudio de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental. Sírvase remitir copia de las conclusiones.
Si además del requisito contemplado en el artículo 3° del Decreto N° 27/98 de la Provincia de Buenos Aires, se requirió la prospección prevista en el artículo 13, párrafo tercero, del Decreto Nacional N° 1022/04
– A través de qué medios se cumple con la prescripción del artículo 17 de la Ley N° 11.723.
– Sírvase remitir copia del registro previsto en el artículo 24 de la Ley N° 11.723.”
Que si bien la Ley Nº 11.723 y el Decreto Nº 27/98 no imponen la celebración de Audiencia Pública para recepcionar y responder las observaciones sobre el Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental de los proyectos, la realización de la misma es una sana práctica de gobierno que otorga mayor transparencia a los actos de la Administración Pública, a la vez que confiere a los ciudadanos y ciudadanas una efectiva participación en la administración de la cosa pública.
Que la Ley Nº 11.723 Del Medio Ambiente, de la Provincia de Buenos Aires, en sus artículos 16 y 17, prevé el acceso de los habitantes de la provincia a las Evaluaciones de Impacto Ambiental y a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
Que tal previsión debería estar acompañada de la adecuada publicidad, para no tornar abstracta esa prescripción. Que pese a haber recepcionado las municipalidades los pedidos de informes de esta Institución (tal como lo acreditan los acuses de recibos postales agregados a la presente actuación), no se han recibido las respuestas a las solicitudes.
Que la falta de contestación impide a esta Institución conocer la situación que se verifica en cada municipio respecto de la cuestión ambiental abordada en la presente y la manera en que se da cumplimiento con la normativa vigente.
Que tampoco merecieron respuesta, por parte de las Municipalidades citadas, las exhortaciones formuladas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a través de la Resolución D.P. Nº 100/10.
Que dicha falta de respuesta obliga al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio natural.
Que es facultad del Defensor del Pueblo de la Nación la custodia de los valores arriba indicados por lo que se procede formular las pertinentes exhortaciones, en los términos del artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL y artículo 28 de la Ley N° 24.284, a las municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE Y SAN FERNANDO.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley N° 24.284, modificada por la Ley N° 24.397.
Por ello,
EL ADJUNTO I DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Exhortar a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO la adopción de las siguientes medidas:
a) Realizar un estricto control en el cumplimiento de la exigencia legal de Estudio de Impacto Ambiental, para los emprendimientos urbanísticos o industriales en la ZONAS CONTINENTALES VECINAS al DELTA DE RIO PARANA.
b) Solo autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales.
ARTICULO 2º.- Reiterar a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO las exhortaciones contenidas en el artículo 1º incisos e) y f) de la Resolución D.P. Nº 100/10 a efectos que:
a) Se informe, a través de todos los medios de comunicación local, el listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
b) Se adopte el procedimiento de Audiencia Pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la Evaluación de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura.
ARTICULO 3º.- Poner en conocimiento de la presente al ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese y resérvese.
RESOLUCION Nº 141/10
DR. ASELMO SELLA
ADJUNTO I A CARGO DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION

Humedales (5): Delta entrerriano. Entre Rios


El cultivo de arroz amenaza la integridad de los humedales del Delta del Paraná

31-ene-2012

Gacetilla de prensa

La Fundación Humedales, oficina argentina de Wetlands International, expresa su gran preocupación por la Ley No. 10.092 de Entre Ríos, que crea la Sociedad Anónima “Arroz del Delta Entrerriano”, mediante la cual se deja sin vigencia la Ley Nº 9603, que establecía que las tierras fiscales del delta entrerriano “deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”.

Foto: Apicultores en el Delta del Paraná – A. Basilio

   
 Foto: Vista aérea del Delta del Paraná – R. Quintana

Esta nueva ley, mediante la cual se otorga la titularidad de la concesión a una Sociedad Anónima para el cultivo de arroz en las tierras fiscales del delta Entrerriano, a las cuales llama “improductivas”, desconoce los importantes servicios ecosistémicos que proveen los humedales del Delta del Paraná, así como el peligro que significa el uso de agroquímicos en esta región, no solo para la biodiversidad, sino también para la salud de los pobladores de la región y sus alrededores, y para actividades productivas tradicionales como la pesca, la ganadería y la apicultura.

Esta iniciativa que promueve el cultivo de arroz en las islas del delta Entrerriano, no solo significa un riesgo ambiental para los humedales de la región, sino que desconoce las características particulares de la misma, como ser los suelos saturados de agua, la salinidad y los ciclos de sequías e inundaciones, las cuales no la hacen apta para uso agrícola. Por otra parte, en el caso particular del cultivo de arroz, se omite la conectividad existente entre los diversos sectores del delta, la cual establece flujos biogeoquímicos internos propios del funcionamiento de una planicie de inundación, que provocan que una actividad puntual genere impactos en zonas distantes aguas arriba y abajo del sitio de emplazamiento de dicha actividad.
La aprobación de esta nueva ley, junto con la derogación de la ley que prohibía la utilización de agroquímicos y plaguicidas en las islas del Delta entrerriano, significa un paso atrás en cuanto al desarrollo ambientalmente sustentable de la región del Delta del Paraná, desconociendo los esfuerzos para la coordinación de la gestión sustentable de la región en el marco del “Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP).
Frente a este triste panorama, la Fundación Humedales llama a la reflexión de las autoridades responsables, para dejar sin efecto esta ley que amenaza la calidad de los recursos hídricos y la integridad de una de las regiones de humedales más ricas del país.

LUNES 6 DE FEBRERO DE 2012

Argentina: La apropiación de los humedales del delta entrerriano

Germán José Margaritini (INFOSUR)

La entrega de tierra a fiscales a emprendimientos fiscales que ponen en peligro la sustentabilidad del ecosistema.

Tal vez no conozca la ley provincial Nº 9.603, no se preocupe, ya no necesita conocerla porque fue derogada por otra ley. Sin que usted lo sepa porque no hubo debate público, así de fácil, en un tris, nuestros legisladores entrerrianos crearon la ley 10.092. No se impaciente, ya le voy a explicar. Parece que la culpa de todo la tiene el puente Rosario Victoria que pusieron más al alcance las islas del Delta Superior del Paraná, como antes no pasábamos por sobre alguna de ellas no las conocíamos, pero también la puso más accesible de los productores ganaderos.
Hasta el 2008 todo venía sin que nadie se diera cuenta que existían, ¿se acuerdan de la quema de pastizales que tuvo una gran repercusión pública por los medios?, bueno eso fue lo que puso a ese importante humedal en escena, había que hacer algo con el humo… y con ellos. De esa necesidad surgió esa ley 9.603 que ahora ya es vieja. Las islas aumentaron su valor inmobiliario porque podían ser productivas por mayor accesibilidad, habían aumentado hasta en un 400 % el ganado que tenían encima.
Los humedales dejaron de verse como un lugar que se estaba autoprotegiendo porque no tenía valor o no era fácil producir para considerarlo como un bien del que podía obtenerse lucro. El modelo de desplazamiento de zonas protegidas a favor de zonas productivas ya estaba en marcha, así que no había más que continuarlo. Digamos desde ahora que estamos hablando entre 150.000 y 190.000 hectáreas de islas fiscales, lo que no es poca cosa.
Ante la posibilidad de obtener una renta de esas tierras isleñas se crea la ley 9.603, conocida como ley de arrendamiento, de setiembre de 2008. En ella se establecían las bases para alquilar esas tierras con fines de producción, mandando su artículo cuarto a que “los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”. A pesar que la regulación de la explotación de ésta área geográfica implicaba riesgo para los humedales imponía una importante restricción al uso intensivo agrícola y la prohibición expresa para el uso de agrotóxicos.
Así que esa ley permitió el arrendamiento por parte de la provincia, con un beneficio especial para Victoria, que por ser islas de su departamento en su mayoría se llevó el 40 %. Se arrendaron alrededor de 130.000 hectáreas, ya que el resto estaba en litigio por usurpación. Se estipuló por el decreto reglamentario de dicha ley el precio de 5 kg de novillo vivo en el mercado de Liniers por hectárea. Ya en ese entonces algunas organizaciones ambientales dijeron que además del daño que se generaba en el humedal ni siquiera el negocio era bueno (para la provincia por supuesto). A valores actuales el Kg de novillo en pie está entre $ 8 y $ 9, para hacer números redondos pongamos 10, es decir que la hectárea a valor actual sería de $ 50. Las 130.000 hectáreas representarían un ingreso de $ 6.500.000 para la provincia de los que debería darle a Victoria $ 2.600.000, cifra exigua para la recaudación de una provincia. En el año de comienzo de estos arrendamientos, en 2008, la cifra total rondaba $ 1.600.000. La explotación que predominó fue la ganadera ocupando el 99 % del territorio, el 0.07 % fue ocupado por la apicultura y el resto para usos combinados y turismo, de acuerdo a lo que la ley proponía.
Tal como opinaron muchos se pusieron en riesgo los humedales y el negocio fue malo para la provincia. Sin responder a ningún criterio de ordenamiento territorial los humedales se fueron ocupando, se puso en vigencia la ley sin que los que la promovieran tuvieran un mínimo de conocimiento sobre la situación de las islas, no se fijaron reparos respecto a los pobladores locales, menos se hizo previsión sobre las funciones vitales del ecosistema y de los impactos derivados de su uso. Esto es lo que ocurre cuando aparecen argumentos que justifiquen este tipo de explotaciones con el afán de recaudar. Tampoco fueron transparentes las adjudicaciones de las tierras.
Es importante mencionar como antecedente legal que Victoria en agosto de 2003 por la ordenanza Nº 2.185 incorpora los humedales de Victoria al Sistema Provincial de Áreas Protegidas (Ley 8.967), siendo un total de 376.000 hectáreas de islas de su ejido. Esta ley data de 1995, ingresando todo ese territorio en la categoría de “reserva de uso múltiple”, habilitándola para ganadería, forestación y fauna de valor comercial, privilegiando “la conveniencia armónica entre las actividades productivas del hombre y mantenimiento de ambientes naturales con sus recursos silvestres”.
En 2008 cuando ocurrieron las quemas de pastizales firmaron un acuerdo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos “para proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales en el área”. Estampó la firma por nuestra provincia el entonces y actual gobernador Urribarri. Este acuerdo derivó en la Carta Intención entre los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, con Desarrollo Sustentable de la Nación, para elaborar un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, gran responsabilidad para nuestra provincia que dentro de sus límites tiene el 80 % de los mismos.
La obsesión es la renta, esta zona podía dar mucho más, así que fueron por más. En diciembre de 2010 nuestros legisladores entre noche y amanecer, sin que fuera discutido previamente con la comunidad, crean la ley 10.092. Una joyita, todo lo que vimos en los párrafos anteriores pasa a ser vieja historia, de un plumazo deroga la ley 9.603 de arrendamiento, crea una sociedad anónima a la que le concesiona la explotación de todas esa superficie de islas fiscales, diciendo en su artículo Primero que tiene por “objetivo establecer las bases para lograr una eficiente intervención del estado provincial a través de la instrumentación de las políticas públicas que provean como resultado la transformación de las tierras fiscales de propiedad de la provincia de Entre Ríos, actualmente improductivas, y el mejoramiento y la ampliación de la capacidad instalada de los puertos, ubicando como eje central de toda la acción a ser emprendida su incorporación al ciclo productivo agroindustrial, como instrumento genuino para la generación de riqueza y de fuentes de empleo, en un marco de desarrollo sustentable y conforme a las pautas que en ella se fijan”.
De movida le está dando características de tierras productivas, aún en contradicción con los antecedentes de acuerdos con las provincias vecinas para el cuidado de los humedales, además da la posibilidad para que esta concesionaria se haga cargo de los puertos. Valga la aclaración que el nombre de la S.A. es “ARROZ DEL DELTA ENTRERRIANO SOCIEDAD ANÓNIMA”. Este título confunde, ya veremos por qué.
La ley de su creación la pone dentro del marco regulatorio de las sociedades comerciales, dándole como potestad la “concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia que el poder ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo y la concesión para el mejoramiento, ampliación de su capacidad instalada, modernización, administración y explotación comercial de los puertos…”
El capital accionario, y aquí la perla, estará compuesto por tres clases de acciones. Clase A, el 60 %, transferibles, las que se adjudicarán en concurso público, correspondiéndole a su titular el gerenciamiento de la sociedad. Clase B, el 20 %, también transferibles a productores agroindustriales radicados en la provincia de Entre Ríos que registren el mayor volumen de producción originaria del territorio provincial. Clase C, el 20 %, intransferibles, en poder del gobierno de la provincia. Claramente la empresa va a estar en manos privadas, y por supuesto, en su beneficio.
En su artículo 8º dice: “La sociedad ARROZ DEL DELTA ENTRERRIANO SOCIEDAD ANÓNIMA tendrá la titularidad, por todo el plazo de su vigencia, de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia de Entre Ríos que el Poder Ejecutivo.” Agrega este mismo artículo que le otorga todo el dominio del Puerto de Ibicuy. Lo que complementado con el que le sigue los plazos de la concesión quedarán sujetos a la amortización calculada de acuerdo a las inversiones que la empresa haga y diga.
Encima le vamos a pagar las inversiones, ya que por su artículo 14º “se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a contratar un préstamo por hasta la suma de Dólares Estadounidenses Cincuenta Millones (U$S 50.000.000) para financiar la ejecución del Proyecto de transformación de tierras fiscales establecido en el Artículo 1º de la presente ley.”
Sin lugar a dudas esto es parte del plan para aumentar la soja en un 60 % que propone el gobierno nacional, Urribarri no puede dejar de ser consecuente con esa política, y allá nos pone. Estamos ante una nueva entrega, una más desde las que empezaron con Menem y continuó cada gobierno siguiente.
Las fronteras del glifosato se amplían, dejó de estar protegido el Delta entrerriano. Poco importó al gobierno provincial las comunidades pequeñas que viven en esa zona, poco importó la trascendencia del humedal, caracterizado por ser uno de los más grandes del mundo. Esta es la patria sojera, la misma que la extractivista, el mismo modelo al que no le importa la contaminación.
Con todas las atribuciones que se le da a ARROZ DEL DELTA ENTRERRIANO S.A. no hace falta tener mucha imaginación para saber lo que pasará. Ya la empresa Bema Agri BV de Holanda, propietaria de 12.000 hectáreas en la isla de Victoria secó lagunas, deforestó y levantó defensas, con las restricciones en vigencia.
¿Se podrá entender en algún momento que el agua no es renovable?, ¿qué los recursos naturales no son para desbastarlos?, ¿qué ser político no es un negocio? Por esta lucha que se nos avecina digamos todos juntos: “El Paraná no se toca”.
A %d blogueros les gusta esto: