Publicaciones de la categoría: Argentina

Plan de abandono de canteras y picadas en la cuenca del Golfo San Jorge – Patagonia Argentina

 

Plan de abandono de canterasy picadas en la cuenca del Golfo San Jorge -Patagonia Argentina

Jorge Luis Luque, Nicolás Francisco Ciano,Viviana Nakamatsu( INTA EEA Chubut )

César Vicente y Carlos Lisoni( Repsol-YPF Unidad Económica Cañadón Seco )

La recuperación natural de áreas disturbadas por distintas actividades antrópicas en ambientes áridos y semiáridos, hacia su condición inicial, o similar aldel pastizal previo al disturbio, es un proceso sumamente lento, y en la mayoría de los casos, improbable e incierto. La degradación que ha operado sobre ellos no sólo ha disminuido drásticamente la cobertura vegetal, y con ello, la composición específica de las distintas comunidades vegetales, sino que también afectó la composición textural del suelo, principalmente en los primeros centímetros.Este cambio textural afecta el balance hídrico del sistema (lo cual disminuye la disponibilidad deagua para el establecimiento de la vegetación), produciendo además compactación y encostramiento. Esto afecta el establecimiento natural de la vegetación, que no encuentra “micrositios” adecuados para su reclutamiento. Por lo expuesto, la inducción de los procesos de recuperación mediante prácticas conservacionistas es fundamental para favorecer el establecimiento de la vegetación, y deesta manera, acelerar los procesos naturales de sucesión vegetal.La actividad petrolera iniciada a principios de sigloen la región Patagónica ha sido uno de los pilares desu desarrollo económico y social. Al ser una actividad extractiva, se desarrolla con una intervencióndirecta sobre el ecosistema, produciendo disturbios enel ambiente, que alteran la estructura y funciónde los recursos naturales (Ciano 2001). Dos de las actividades que principalmente han impactadonegativamente sobre el suelo y la vegetación, son laextracción de áridos mediante la construcción decanteras y la apertura de picadas durante la etapade exploración. Aunque la difusión de sistemas degestión ambiental y la nueva tecnología utilizadaen las etapas de exploración han minimizado elimpacto sobre los recursos naturales, no se cuentaactualmente con una propuesta tecnológica para el abandono de las picadas y canteras una vez que finaliza su utilización. A través del Convenio de Vinculación Tecnológica entre INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y REPSOL YPF S.A., se vienen desarrollando desde 1993 trabajos de investigación, experimentación adaptativa y recuperación de áreas, abordando distintas problemáticasrelacionadas al impacto de la actividad sobre los recursos naturales.

En este marco, el plan de trabajo iniciado en el 2001 en la cuenca del Golfo San Jorge tuvo como

finalidad la elaboración de pautas y recomendaciones para el abandono de canteras y picadas, con el objetivo de modificar la topografía para adecuarla alos parámetros paisajísticos del sitio, atenuar los procesos erosivos para disminuir el riesgo de degradación del suelo, y recomponer la cobertura vegetal para recuperar la estructura y la funcionalidad de los pastizales. Conrespecto a la recuperación de la estructura y funcionalidad de los pastizales naturales de nuestra zona, se basó en dos estrategias: aumentar la rugosidad del terreno mediante laboreos conservacionistas para favorecer los procesos biológicos y recomponer el banco de semillas del suelo,favorecer y acelerar el restablecimiento de la cobertura vegetal mediante laboreos que favorezcan elrepoblamiento natural, y prácticas de siembra y/o plantación con especies vegetales nativas y/onaturalizadas (principalmente pastos y arbustos)…

El informe completo en: http://inta.gob.ar/documentos/plan-de-abandono-de-canteras-y-picadas-en-la-cuenca-del-golfo-san-jorge-patagonia-argentina/at_multi_download/file/INTA%20-%20Canteras%20abandono%20petr%C3%B3leo.pdf

INTA – Canteras abandono petroleo

 

Hacia un manejo sustentable de los ecosistemas patagónicos

Hacia un manejo sustentable de los ecosistemas patagónicos

Se delimitaron en Santa Cruz y Tierra del Fuego cerca de 1.300 parcelas de ecología y biodiversidad para comprender el funcionamiento de distintos ecosistemas bajo diferentes condiciones de uso, así como también para analizar el impacto provocado por las actividades productivas desarrolladas en los últimos 100 años en la región.

La Voz del Viento. Mapuches contra la contaminación petrolera. Parte 2

La Voz del Viento. Mapuches contra la contaminación petrolera. Repsol. YPF. Parte 2
Producido por Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA.
Producción Ejecutiva Línea Sur Films.
http://www.lineasurfilms.com.ar
Dirección Paulo Campano.

La Voz del Viento. Mapuches contra la contaminación petrolera. Parte 1

La Voz del Viento. Mapuches contra la contaminación petrolera. Repsol. YPF. Parte 1
Producido por Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA. Argentina
Producción Ejecutiva Línea Sur Films.
http://www.lineasurfilms.com.ar
Dirección Paulo Campano.

La memoria de la lluvia. Memoria histórica Mapuche. Parte 2

La memoria de lluvia es un proyecto documental que rastrea la memoria histórica indígena a partir de las voces del Pueblo Mapuche en la Patagonia Argentina. Voces dispersas, silenciosas, olvidadas, que resurgen a través de diversos caminos, pero que coinciden en un punto: la necesidad de la organización indígena. Esta propuesta documental se sustenta en la posibilidad de aportar desde lo artistico herramientas para la comprensión y difusión del proceso histórico vivido por el pueblo Mapuche.

La memoria de la lluvia. Memoria histórica Mapuche. Parte 1

La memoria de lluvia es un proyecto documental que rastrea la memoria histórica indígena a partir de las voces del Pueblo Mapuche en la Patagonia Argentina. Voces dispersas, silenciosas, olvidadas, que resurgen a través de diversos caminos, pero que coinciden en un punto: la necesidad de la organización indígena. Esta propuesta documental se sustenta en la posibilidad de aportar desde lo artistico herramientas para la comprensión y difusión del proceso histórico vivido por el pueblo Mapuche. Este documental fue filmado en la Patagonia Norte, en la provincia de Río Negro, en las localidades de Viedma, Jacobacci, Anekón Grande, Las Aguadas, El Bolsón, Paso Córdova, Río Chico, Valcheta, Maquinchao, Yaminué y en otros lugares de la Línea Sur de la provincia.
La realización de esta película fue posible gracias a la participación de Hermenegildo “Chacho” Liempe, Jacinto Ñancufil y su nieto Nahuel, Regino Tripailaf y Florentino Uircapán. También participaron Felisa Torres, Don Quinchafil, la Comunidad Prafil, el Consejo de Desarrollo Comunidades Indígenas (CODECI), Centro Mapuche y el Consejo Asesor Indígena (CAI) y Alejo Schatzky.

La vida en el desierto. Mendoza

Miércoles, 4 de julio de 2012
Diálogo con Laura Torres, doctora en Antropología social, laboratorio de desertificación y ordenamiento territorial

Sobre la vida en el desierto

El Jinete Hipotético cabalga por el desierto hasta el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas donde mantiene un diálogo sobre las formas de vida y los intercambios productivos entre el desierto y los oasis mendocinos.
Por Leonardo Moledo
Desde Mendoza
–Usted trabaja en desertificación.
–Sí.
–¿Y qué hace un antropólogo social trabajando en desertificación?
–La idea fue poder interrogarse acerca de por qué la gente actúa como actúa frente a los recursos naturales, es decir, no dar por sentado que la gente actúa mal porque quiere, que la gente depreda porque quiere, sino intentar comprender desde qué marco está actuando de determinado modo. Entonces empecé a trabajar con Elena Abraham con las comunidades del desierto de Lavalle, en Mendoza, y empezamos a ver cómo se componían estas comunidades domésticas, cómo resolvían sus ingresos y su reproducción social. Y las conclusiones empiezan a señalarnos muy fuertemente que la desertificación está ligada a la pobreza, pero no sólo ligada, sino que la pobreza es causa de desertificación, que la desertificación se entiende como consecuencia de dinámicas sociales de un peso muy profundo y que en parte las dificultades que tiene la gente para definir su reproducción social explican cómo se comportan con respecto a los recursos.
–Hay una historia, que es la historia de la leña: cada vez hay que ir a buscarla más lejos, porque se consume a una tasa muy superior a su reposición. Eso acentúa la pobreza. ¿Qué otros mecanismos hay?
–Si nosotros observamos el área con una perspectiva histórica, vamos a ver que hay recursos naturales que son altamente valorados por los grupos dominantes, básicamente por los oasis mendocinos. El tema de la leña se puede explicar por el consumo doméstico, pero más se explica por una explotación extrarregional, que taló el bosque y lo diezmó. La gente del área era contratada como masa asalariada pobre. En la actualidad, esa misma dinámica de funcionamiento (gente que viene de afuera, extrae las riquezas y se las lleva afuera, perpetuando la pobreza) se sigue dando. Lo que pasa es que se da cada vez con recursos más degradados. Lo que nosotros decimos es que hay dos mecanismos de transferencia de valor del desierto al oasis. Uno es por la vía de los recursos naturales (en este momento, el guano) y la otra es por la vía de la mano de obra.
–¿Por qué?
–Lo que queda en la zona son pasturas y cabras. Las cabras producen guano, que es utilizado por la industria vitivinícola como abono. De alguna manera, el tener alto número de animales tiene que ver con que de esta forma se extrae guano, que es el primer ingreso de la zona. No la venta de cabritos, ni el turismo, ni las artesanías. Eso significa que hay que mantener alto el número de los rodeos. En términos más simples: el oasis sigue extrayendo recursos naturales bajo la forma de guano, extrae pasturas convertidas en guano que se usan en el oasis, que a su vez exporta vinos. El otro mecanismo es la mano de obra: la gente de la zona se contrata en las actividades de cosecha, y esto constituye un ingreso importante. Lo que pasa es que la persona vive y se reproduce todo el año en la unidad doméstica, por medio de la venta del guano, el chivo, etc., y por cinco semanas es contratado en las actividades de viña. A precios bajos…
–Y ni hablar de los derechos sociales…
–Y lo que se encuentra entonces es trabajo infantil, y cada vez más condiciones de precariedad social. Tenemos niños que viven en el desierto, que en las ocho semanas que dura la cosecha se contratan como mano de obra infantil en empresas que a su vez son exportadoras de ajo, de papa, de vino. Estos niños llenan los requerimientos de mano de obra. En síntesis: las dinámicas de relación desigual entre los oasis y los desiertos, lejos de atenuarse, se profundizan con el tiempo. Y el desierto es cada vez más pobre porque cada vez tiene menos que ofrecer, tiene recursos cada vez más degradados.
–Y además se degrada el suelo, ¿no? Usted trabaja sobre Mendoza, y en cierta forma Mendoza es un desierto.
–No en cierta forma. Mendoza es un desierto. Que tiene oasis, pero no deja de ser un desierto en un 96 por ciento.
–Usted explicó el mecanismo. La pregunta es si hay una solución para ese mecanismo.
–La solución es compleja en la medida en que depende de fuerzas que no controlamos. Cuando nosotros hablamos de participación social, tenemos que considerar que la participación social significa también participar en la toma de decisiones. Y esta gente no participa en la toma de decisiones, solamente participa a través del voto. Y si los medimos en términos poblacionales, son muchos menos que los que viven en zonas de oasis, que concentran mayores riquezas y mayor cantidad de gente. Ese mecanismo de participación social es complicado; en lo que participan es en la administración del propio territorio. Eso está bien, pero no alcanza para remontar estos problemas. La única forma de lograr ir remontando estas condiciones es con procesos de empoderamiento social y de construcción de soberanía en el desierto.
–Supóngase que hubiera más participación… ¿qué podrían hacer?
–Algunas alternativas tienen que ver con generar proyectos productivos que mejoren la competitividad de estos grupos en los oasis. Todo lo que tiene que ver con los tambos, con sumar valor agregado a los productos locales, con hacer eso en diálogo con pobladores de la zona… Lo importante es que puedan tomar la conducción de sus propios proyectos. Es bastante difícil trabajar en esto, pero creemos que es la solución.
–¿Hay mucha migración del desierto hacia el oasis?
–Muchísima.
–¿Entonces?
–Bueno, hay varias preguntas que hacerse. Por un lado, ¿qué pasaría si la gente no emigrara? Si ya tenemos más de un 40 por ciento de la población por debajo de la línea de indigencia, probablemente tendríamos aún más. Sería interesante que la zona pudiera tener a su población, pero hay que encontrar actividades y recursos naturales. Y eso es difícil, porque la capacidad de carga ya está duplicada: hay más del doble de animales de los que se deberían tener en teoría. ¿A qué se podría quedar esta gente? Cuando se va, ¿a qué se va?
–Y… a buscar el agua corriente, la electricidad, la escuela, la ciudad…
–Sí, en el presente es comprensible que la gente migre en busca de las cosas que hoy la zona no puede dar. Esto es algo que nos cuenta mucho la gente del lugar: los chicos que salen de escuelas de la zona, por ejemplo, no pueden sostener el ritmo de competencia académica de una facultad. La emigración, de algún modo, balancea, amplía el horizonte de posibilidades, pero con dificultades serias.
–El que migra al oasis, en general se ubica en lugares marginales.
–Sí, porque además es mano de obra poco calificada para lo que necesita la ciudad.
–Es un proceso muy general en toda la historia… Los lugares ricos atraen a los pobres, y no parece haber una solución.
–En el fondo, de lo que estamos hablando es de distribución de la riqueza. ¿En manos de quiénes van a quedar esos recursos económicos transformados en dinero? La lucha contra la desertificación es una lucha contra las injusticias sociales.

En: http://www.pagina12.com.ar/diario/ciencia/19-197827-2012-07-04.html

Curso de huerta

La serie “Oficios: curso de huerta” permite aprender las ventajas de realizar una huerta orgánica -tanto en espacios grandes, como jardines y campos, como en maceteros o espacios pequeños- y valorar el trabajo en la huerta como una forma de producción individual o familiar. A lo largo del curso se desarrollan temas relacionados con el abono, su producción y utilización; la siembra directa en tablones y la siembra indirecta en plantines. Además se analizan los cultivos, la huerta sin tierra, el control de plagas y la cosecha.

Duración: 28 Minutos

Consultar en: http://www.conectate.gob.ar/educar-portal-video-web/module/detalleRecurso/DetalleRecurso.do?modulo=masDescargados&idRecurso=50496

Derecho a la información – Argentina

 Martes, 14 de febrero de 2012

Derecho a la información

Por Plan Fénix *

El derecho a la información está consagrado por la Constitución argentina, por ser una regla de juego fundamental de un sistema republicano de gobierno. En 2003, el presidente Kirchner dictó el decreto Nº 1172 mediante el cual, entre otras disposiciones, se reconoció el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan los diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Para ello, estableció un mecanismo que los obliga a brindar la información que los ciudadanos requieran, dentro de plazos perentorios y con escasas restricciones, sólo justificadas por razones estrictamente contempladas en la norma.

Esta política reconocía al derecho a la información pública como un derecho propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno. La naturaleza democrática y representativa de la República demanda a los funcionarios públicos y a los representantes del pueblo rendir cuenta de sus actos.

Si bien la norma ratificaba un precepto constitucional, el acceso a la información pública como derecho ciudadano, no se ha plasmado todavía en una ley que asegure la plena vigencia de esta herramienta democrática. Además, los plausibles objetivos del decreto vigente no se han cumplido plenamente; más bien, la experiencia tiende a demostrar que el derecho a la información pública aún enfrenta, en nuestro país, restricciones, tanto en términos de acceso a sus fuentes, como de ocultamiento o distorsión de los datos.

Debemos reiterar, en tal sentido, los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, agravada desde la intervención del Indec. Sus estadísticas sobre evolución de precios, cuestionadas por prestigiosas e insospechadas instituciones académicas y del propio Estado argentino, también han merecido oportunamente la crítica del Plan Fénix. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas acaba de expresar su cuestionamiento al Estado argentino en relación con su producción de datos estadísticos y su accesibilidad, señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del Indec recuperen su credibilidad y que las metodologías utilizadas para su elaboración sean accesibles y debidamente difundidas. El comienzo de un nuevo período de gobierno parece una oportunidad inmejorable para impulsar un rápido abordaje y solución de esta situación.

Pero también se observan problemas en varias otras áreas. Hoy, por ejemplo, no puede obtenerse fácilmente información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, la distribución de publicidad oficial, los informes de la Sigen o los avances producidos en el plan energético del país. Además, ciertas informaciones han sido interrumpidas o suprimidas, como la que detallaba las audiencias concedidas por funcionarios públicos o el portal que daba cuenta de las solicitudes de información al Poder Ejecutivo por parte de la ciudadanía. Estas restricciones al acceso a la información pública no se reducen al Poder Ejecutivo, también alcanzan a los otros poderes del Estado y han sido denunciadas en diversas provincias.

En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto que establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Pero en la Cámara de Diputados no fue aprobado y, de hecho, suman más de una decena los proyectos de ley sobre el tema que han sido estudiados en el seno de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, aún sin resultado. Por segunda vez, un proyecto de acceso a la información pública ha tenido tratamiento en las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, avanzando en las dos Cámaras sin conseguir convertirse en ley.

En la actualidad, casi 100 países cuentan con una normativa sobre este tema, y en América latina son pocos los que aún no la tienen, entre ellos la Argentina, donde 13 provincias ya disponen de una norma al respecto. En el ámbito internacional, diferentes instancias jurisdiccionales, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el acceso a la información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados.

Esta norma es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable. Es indispensable para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. La sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas. Debería obligarse también a las empresas prestatarias de servicios públicos y concesionarias del Estado y a todas sus dependencias a brindar toda la información que los usuarios y la ciudadanía en general necesiten para ejercer un efectivo control de sus actividades y prestaciones. La calidad de dicha información debería estar garantizada por los organismos públicos que tienen a su cargo el control sistemático y oportuno de sus actividades.

La información es indispensable porque es la base del conocimiento y éste es crucial para la acción. Por lo tanto, la negativa a brindar información, su ocultamiento o su distorsión, impiden que ciertas realidades se conozcan o difundan. Por cierto, las restricciones al acceso al flujo de información de interés público pueden verificarse en mayor o menor medida en todos los países, tanto en el sector público como en el privado, tal como lo atestiguan en la Argentina las respuestas obtenidas en los censos económicos. Esta tendencia debe ser contrarrestada por una exigencia sistemática de transparencia por parte de la ciudadanía.

El conocimiento es fundamental para interpretar la realidad social o adoptar decisiones racionales. Cercenar el derecho a la información es, entonces, ocluir la posibilidad de que pueda ser utilizada por los ciudadanos, la academia, los empresarios, los trabajadores o cualquiera que la requiera para esclarecer algún tema o decidir entre opciones. Implica, en definitiva, negar un elemental derecho humano.

Cabe al Estado la responsabilidad de garantizar y respetar la vigencia de este derecho, facilitando su efectivo ejercicio. Esta garantía debe concretarse no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también de los demás poderes, provincias y municipios, por tratarse de una política de Estado.

* Proyecto Estratégico Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-187536-2012-02-14.html

Carta abierta ante la Megaminería

Institucional
Carta abierta ante la Megaminería

A los ciudadanos y autoridades:

La elocuencia de los hechos de estos días muestra que el conflicto sigue en pie. Esta es la hora de tomar conciencia para asumir como pueblo una decisión social y política que nos merecemos.
Como miembros del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) queremos expresar nuestra preocupación y contribuir al debate que plantea el avance de los proyectos de Megaminería y sus consecuencias, como en el caso de La Rioja y Catamarca.

Sin abordar un análisis minucioso del caso -no es nuestra intención-, valga recordar algunas consecuencias de la Megaminería con evidencia científica: ante todo el consumo del agua, que puede involucrar nada menos que 300.000 m3 por día, en algunos emprendimientos en curso, y la utilización y generación de peligrosos contaminantes como el Cianuro que provocan graves desequilibrios en agua y suelo y son altamente tóxicos para los seres vivos, producen enfermedades mortales.

Por otro lado esta minería, a cielo abierto, desplaza las actividades económicas locales, afectando la cultura y la identidad de comunidades para las cuales la tierra es el centro de su vida. No se respetan los derechos culturales, sociales y económicos, ni el derecho a la tierra y al agua, ni la libertad de expresión de las poblaciones locales.

Algunos emprendimientos Megamineros que llevan más de 10 años de actividad en nuestro país han mostrado devastadoras consecuencias y míseros beneficios para las regiones involucradas. La lista de daños a la actividad productiva, a los ecosistemas naturales y las consecuencias en la salud de la población involucrada son alarmantes.

Nuestro país es muy codiciado por las grandes transnacionales mineras por la gran cantidad de posibilidades de sus recursos y sobre todo por la legislación permisiva sancionada a partir del 1993 que establece beneficios para las empresas mineras, especialmente a través de increíbles exenciones fiscales. No existe aún un marco regulatorio indispensable para el control de esta actividad y el resultado es una larga lista de violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional de la República Argentina reconoce como Derecho Humano “el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Hace 5 siglos la ambición imperialista de entonces, en busca de oro y conquista, devastó a los pueblos originarios de Nuestra América. Hoy los imperios son otros, las empresas trasnacionales de la Megaminería se inscriben en esa lista. Los sobrevivientes de aquellos pueblos y los que habitamos estas tierras somos de nuevo amenazados, lo trágico es que quienes ejercen la autoridad no han aprendido las lecciones de la historia. La gente del pueblo en cambio, sí lo hizo y ya ha decidido.

La Megaminería juzga el desarrollo meramente en términos de rentabilidad económica. No puede ser lícita una actividad que no tiene en cuenta el costo ambiental y social que involucra.
No hablamos de prohibir la minería en general, sino un determinado tipo de explotación a cielo abierto, contaminante, que extrae principalmente oro, que sirve para bienes suntuarios y para acumular divisas.

Si nos consideramos una sociedad que protege y defiende la vida, ante la sola presunción de que estamos frente a un daño grave y de un peligro para la vida de personas, debemos al menos, considerar el principio de precaución y tomar TODOS los recaudos necesarios.

La Bioética, particularmente desde un paradigma latinoamericano, debe aportar su voz ante esta realidad, es una amenaza a la vida y a las condiciones de vida, a nivel biológico, social, cultural y político. Se trata de muchas vidas, la de comunidades enteras que se ven vulneradas y en peligro de supervivencia. Y si la Bioética nació para tender un puente hacia el futuro es deber de quienes la sostenemos defender ese futuro, el de nuestra casa o madre común, la tierra y el de los seres que la habitamos.

Como Miembros del Centro de Bioética UCC, compartimos la preocupación social y apoyamos la resistencia que se ha generado. Creemos que la voluntad de los pueblos no puede ser desoída, subestimada ni avasallada.

Por esto nos sumamos a quienes manifiestan y piden que se detengan las actividades Megamineras en nuestro país y llamamos a todos, para que se hagan escuchar muchas voces, que se unan a las voces de los pueblos que están de pie, para que se discuta y se decida en los ámbitos correspondientes su licitud, a la luz de los Derechos Humanos, los derechos y cosmovisiones de los pueblos y los derechos de la tierra.
Firman:
Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Adolfo Facello, Juan Carlos Stauber, Paula Cooke, José
Alessio, Andrés Toledo.
(Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba)

Si querés adherir a esta carta por favor completá este breve formulario

 

http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2088&sec=29&vermas=1&PHPSESSID=d1af66948d476d78ecdadea677421327

A %d blogueros les gusta esto: