Archivos del mes: 15 febrero 2012

Cambian basura por hortalizas. Mexico DF

Cambian basura por hortalizas

Abrirán mercado de trueque para canjear material para el reciclaje

TRUEQUE. Se recibirán seis tipos de residuos reciclables: papel, vidrio, cartón, latas de aluminio, envases de PET y tetrapack, para hacer cambios por verduras (Foto: Martes 14 de febrero de 2012 Phenélope Aldaz | El Universal

phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
Los capitalinos podrán intercambiar sus residuos sólidos por alimentos el próximo domingo 4 de marzo, informó la secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado.

El primer Mercado de Trueque se instalará en la primera sección del bosque de Chapultepec, en la calzada de la Juventud Heroica, entre la puerta de los Leones y el Altar a la Patria. Abrirá sus puertas de las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

Delgado explicó que se recibirán seis tipos de residuos reciclables: papel, vidrio, cartón, latas de aluminio, envases de PET y tetrapack.

Para poder participar en el trueque se debe de acudir con al menos un kilogramo de estos materiales, limpios y separados, y un máximo de 10 kilogramos por persona.

La secretaria de Medio Ambiente precisó que el precio de los residuos (para este programa) los establecerá la dependencia local, pero aseguró que tendrá mayores beneficios para los ciudadanos que el que se oferta en el mercado formal del reciclaje.

Una vez que los residuos sean pesados, se entregarán a cambio “puntos verdes” con los cuales las personas podrán adquirir desde frutas y verduras hasta flores y plantas.

Los jitomates, nopales, espinacas, lechugas y demás variedad de productos de temporada que serán ofertados provienen de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y las zonas agrícolas del Distrito Federal, informó la secretaria de Medio Ambiente.

“La intención es fomentar y apoyar a los productores del suelo de conservación con el objetivo de concientizar a la población sobre la oferta local que existe”, comentó.

En esta primera edición del Mercado de Trueque se dispondrán de entre tres a cinco toneladas de productos agrícolas.

“Este novedoso programa que en una primera etapa se realizará a pequeña escala y bajo la óptica de la educación ambiental, tiene como finalidad mostrarle a los ciudadanos de manera tangible y directa cómo los residuos sólidos si los separamos adecuadamente, aún tienen valor”, destacó la funcionaria.

Martha Delgado dijo que este programa de intercambio de productos se realizará el primer domingo de cada mes, hasta diciembre de este año, aunque la intención es llevarlo a otros puntos de la ciudad para que más personas puedan beneficiarse.

Señaló que luego del cierre del Bordo Poniente, la ciudad se encuentra en una etapa de transición ambiental respecto del manejo de los residuos sólidos, por lo que uno de los principales objetivos es minimizar la cantidad de “basura” que se genera.

Precisó que la ciudad genera alrededor de 12 mil toneladas de residuos sólidos todos los días, de los cuales sólo 12% son recicladas.

“El primer Mercado de Trueque de Residuos Sólidos de la Ciudad de México será el parteaguas para detonar la cultura y economía del reciclaje de manera constante y sostenida”, aseguró la funcionaria.

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/110262.html

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Derecho a la información – Argentina

 Martes, 14 de febrero de 2012

Derecho a la información

Por Plan Fénix *

El derecho a la información está consagrado por la Constitución argentina, por ser una regla de juego fundamental de un sistema republicano de gobierno. En 2003, el presidente Kirchner dictó el decreto Nº 1172 mediante el cual, entre otras disposiciones, se reconoció el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan los diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Para ello, estableció un mecanismo que los obliga a brindar la información que los ciudadanos requieran, dentro de plazos perentorios y con escasas restricciones, sólo justificadas por razones estrictamente contempladas en la norma.

Esta política reconocía al derecho a la información pública como un derecho propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno. La naturaleza democrática y representativa de la República demanda a los funcionarios públicos y a los representantes del pueblo rendir cuenta de sus actos.

Si bien la norma ratificaba un precepto constitucional, el acceso a la información pública como derecho ciudadano, no se ha plasmado todavía en una ley que asegure la plena vigencia de esta herramienta democrática. Además, los plausibles objetivos del decreto vigente no se han cumplido plenamente; más bien, la experiencia tiende a demostrar que el derecho a la información pública aún enfrenta, en nuestro país, restricciones, tanto en términos de acceso a sus fuentes, como de ocultamiento o distorsión de los datos.

Debemos reiterar, en tal sentido, los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, agravada desde la intervención del Indec. Sus estadísticas sobre evolución de precios, cuestionadas por prestigiosas e insospechadas instituciones académicas y del propio Estado argentino, también han merecido oportunamente la crítica del Plan Fénix. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas acaba de expresar su cuestionamiento al Estado argentino en relación con su producción de datos estadísticos y su accesibilidad, señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del Indec recuperen su credibilidad y que las metodologías utilizadas para su elaboración sean accesibles y debidamente difundidas. El comienzo de un nuevo período de gobierno parece una oportunidad inmejorable para impulsar un rápido abordaje y solución de esta situación.

Pero también se observan problemas en varias otras áreas. Hoy, por ejemplo, no puede obtenerse fácilmente información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, la distribución de publicidad oficial, los informes de la Sigen o los avances producidos en el plan energético del país. Además, ciertas informaciones han sido interrumpidas o suprimidas, como la que detallaba las audiencias concedidas por funcionarios públicos o el portal que daba cuenta de las solicitudes de información al Poder Ejecutivo por parte de la ciudadanía. Estas restricciones al acceso a la información pública no se reducen al Poder Ejecutivo, también alcanzan a los otros poderes del Estado y han sido denunciadas en diversas provincias.

En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto que establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Pero en la Cámara de Diputados no fue aprobado y, de hecho, suman más de una decena los proyectos de ley sobre el tema que han sido estudiados en el seno de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, aún sin resultado. Por segunda vez, un proyecto de acceso a la información pública ha tenido tratamiento en las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, avanzando en las dos Cámaras sin conseguir convertirse en ley.

En la actualidad, casi 100 países cuentan con una normativa sobre este tema, y en América latina son pocos los que aún no la tienen, entre ellos la Argentina, donde 13 provincias ya disponen de una norma al respecto. En el ámbito internacional, diferentes instancias jurisdiccionales, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el acceso a la información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados.

Esta norma es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable. Es indispensable para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. La sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas. Debería obligarse también a las empresas prestatarias de servicios públicos y concesionarias del Estado y a todas sus dependencias a brindar toda la información que los usuarios y la ciudadanía en general necesiten para ejercer un efectivo control de sus actividades y prestaciones. La calidad de dicha información debería estar garantizada por los organismos públicos que tienen a su cargo el control sistemático y oportuno de sus actividades.

La información es indispensable porque es la base del conocimiento y éste es crucial para la acción. Por lo tanto, la negativa a brindar información, su ocultamiento o su distorsión, impiden que ciertas realidades se conozcan o difundan. Por cierto, las restricciones al acceso al flujo de información de interés público pueden verificarse en mayor o menor medida en todos los países, tanto en el sector público como en el privado, tal como lo atestiguan en la Argentina las respuestas obtenidas en los censos económicos. Esta tendencia debe ser contrarrestada por una exigencia sistemática de transparencia por parte de la ciudadanía.

El conocimiento es fundamental para interpretar la realidad social o adoptar decisiones racionales. Cercenar el derecho a la información es, entonces, ocluir la posibilidad de que pueda ser utilizada por los ciudadanos, la academia, los empresarios, los trabajadores o cualquiera que la requiera para esclarecer algún tema o decidir entre opciones. Implica, en definitiva, negar un elemental derecho humano.

Cabe al Estado la responsabilidad de garantizar y respetar la vigencia de este derecho, facilitando su efectivo ejercicio. Esta garantía debe concretarse no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también de los demás poderes, provincias y municipios, por tratarse de una política de Estado.

* Proyecto Estratégico Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-187536-2012-02-14.html

Lo ambiental debe ser social

Lunes, 13 de febrero de 2012

ENTREVISTA AL EXPERTO DE LAS NACIONES UNIDAS, OLAV KJORVEN

“Lo ambiental debe ser social”

Kjorven es director en el PNUD y promueve la próxima conferencia internacional sobre desarrollo sustentable Río+20. Sostiene que las políticas ambientalistas sólo tendrán consenso si son articuladas con la justicia social. El cambio climático.

 Por Pedro Lipcovich

“Las políticas ambientales sólo lograrán consenso si se articulan con políticas para la justicia social”, sostiene Olav Kjorven, director del Departamento de Políticas para el Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El destacado funcionario internacional asegura que la conferencia Río+20, sobre desarrollo sustentable, que se efectuará en junio próximo, “puede hacer posible establecer una agenda diferente”. Admite los graves problemas ambientales que enfrenta la humanidad –el crecimiento en la emisión de gases de efecto invernadero, la “crisis de extinción de especies”, la sobreexplotación pesquera, el desmanejo del agua dulce–, pero señala cambios positivos en lugares previsibles –como Noruega– y menos previsibles –como China o México–. Destaca también logros en el orden de la sociedad civil, tanto en el aspecto social –los ocupantes de Wall Street, los movilizados en países árabes– como en el ambiental: la creciente conciencia, en las religiones, de que es responsabilidad de los creyentes velar por la integridad de la Creación… también en términos ambientales.

–En los últimos años, sucesivas conferencias internacionales sobre cambio climático no registran avances significativos, mientras los plazos se acortan cada vez más. ¿Podría revertirse esta situación en la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable Río+20, este año?

–Es frustrante ver que el progreso de una reunión a otra es tan lento, que es tan difícil lograr acuerdos fuertes. También debemos reconocer que se trata de cuestiones complejas, asuntos políticos, donde los países tienen diferentes intereses. Sin embargo, desde la Conferencia de Río hace 20 años hasta hoy, hemos visto progresos. El ejemplo más conocido es el del control de la emisión de sustancias químicas que afectaban la capa de ozono. Sobre la base de este éxito, en los últimos años la cooperación internacional logró resultados también en el control de otras sustancias. Otro sector con progresos es el de los bosques: si bien hay mucha deforestación en el mundo, en distintos países hemos visto una reversión: es el caso de China; también México, hace poco, pudo revertir la tendencia a la deforestación. Costa Rica lo logró hace tiempo, y hoy tiene mucho más bosque que hace 20 años. En el caso de la pesca, la explotación descontrolada condujo al colapso de muchas especies, pero también hay ejemplos de sistemas de manejo que aseguran la sustentabilidad: así se lo logró en Noruega, mi país, y en otras partes del mundo. Respecto del consumo de agua dulce, algunos países han establecido políticas que aseguran el agua a largo plazo para la agricultura, la industria y el consumo humano.

–¿Qué otras áreas siguen pendientes?

–El caso más reconocido es el del cambio climático: las emisiones de efecto invernadero crecen cada vez más. En el orden de la biodiversidad, donde la situación es realmente grave, la crisis de extinción de especies ya empezó: si no actuamos rápidamente, en los próximos años presenciaremos un desastre. En 2010, en Nagoya, Japón, se celebró un compromiso internacional que, si se pone en marcha, permitirá revertir la tendencia, pero su cumplimiento depende de que se pueda avanzar la cuestión del cambio climático. En Río habrá que buscar caminos para resolver las cosas de manera integrada, y en el tiempo que resta hasta junio, cuando se celebrará esa conferencia, tenemos que trabajar desde Naciones Unidas para que aquellos buenos ejemplos se extiendan y diseminen. Porque es cierto que lo conseguido no es suficiente y en demasiados campos los resultados son cada vez peores.

–¿Qué medidas concretas habría que tomar?

–Creo que esta conferencia podrá ser ocasión para establecer una agenda diferente. El año pasado ha mostrado una espectacular movilización de la sociedad civil: lo hemos visto con los cambios en el mundo árabe y con la emergencia de un movimiento global sobre la cuestión de la desigualdad, con la ocupación de Wall Street y movimientos similares en el mundo. Por otro lado se registra una movilización de capital privado y de políticas públicas a favor de las inversiones en energías renovables y otras tecnologías para un futuro ambiental más sustentable. En China, por ejemplo, es increíble lo que está pasando.

–¿Sí? Generalmente se atribuyen a ese país posiciones contrarias a la sustentabilidad ambiental.

–Si bien la contribución global de ese país a las emisiones de gases con efecto invernadero sigue creciendo, al mismo tiempo China está poniendo en marcha políticas muy fuertes hacia una economía más limpia, con un uso de energía más eficaz: es impresionante lo que hizo, en poco tiempo, en manejo de aguas y bosques. En esta línea va también la renovación del sistema de transportes, con trenes de alta velocidad, y la construcción de edificios con estándares de eficiencia ambiental muy elevados. Claro que, en una economía tan grande, los efectos de los cambios requieren mucho tiempo, quizás una década o dos. Todavía les queda mucho por hacer, pero muestran que es posible pensar de manera integrada.

–Usted mencionó también cambios en la sociedad civil: ¿podría dar ejemplos?

–Podemos mirar hacia Río como una ocasión para hacer valer lo que ya está pasando en la sociedad civil, en el sector privado y en muchos gobiernos, que en sus países establecen las bases para una transformación económica a futuro. Esto puede permitirnos capitalizar las cosas que han empezado a funcionar en estas dos décadas. Las religiones están actuando en términos que hace poco eran inimaginables. En la Iglesia Católica hay un reconocimiento de la responsabilidad del creyente con respecto a la Creación, en términos ambientales. Los católicos empiezan a hacerse cargo de la selva amazónica, no sólo en su dimensión secular sino como patrimonio espiritual. Y lo mismo está pasando en el Islam, el taoísmo, el hinduismo y otras religiones. Hay que trabajar mucho hasta la Conferencia de Río para consolidar esta mentalidad. Por eso es importante que representantes de los gobiernos se reúnan aquí, en Nueva York, para preparar esa conferencia.

–¿Cómo incide en esto la crisis económica mundial? En Estados Unidos, por ejemplo, hay datos de que las cuestiones ambientales tienden a quedar relegadas…

–Es un desafío que tenemos que vencer. No se puede impulsar una agenda verde si no se la vincula con una agenda para la equidad social, para el empleo, para la gente. Los votantes rechazarán toda agenda que se limite a cuestiones ambientales, sin beneficiar a la mayoría. Entonces, en Río, hay que lograr soluciones integradas: una agenda que sea, al mismo tiempo, para el planeta y para la gente. Por ejemplo, desde la perspectiva del cambio climático, es muy importante que los países reduzcan las subvenciones a las empresas petroleras que, al mantener artificialmente bajos los precios de combustibles no renovables, hacen más difícil el desarrollo de la energía renovable. Pero cuando se quita la subvención, el precio de los combustibles aumenta: en Nigeria, por ejemplo, la baja de esas subvenciones, muy ligada a la reducción del déficit presupuestario, dio lugar a demostraciones callejeras violentas. Es que la gente no hará suyas políticas incompletas: si aumenta el precio de los combustibles, hay que demostrar que se invierte en otra cosa: educación, protección social, sistema de pensiones. Hay que integrar la perspectiva ambiental con la perspectiva social.

–¿Cómo evalúa la situación de América latina y de la Argentina en particular?

–Es impresionante lo que la Argentina logró en el orden económico social durante los últimos años: subió el producto, bajó la tasa de desocupación, se redujo la pobreza y la desigualdad. Esto muestra que este país puede acceder a transformaciones rápidas, y esto también debería ser posible en el orden ambiental. No tengo datos específicos sobre medio ambiente en la Argentina pero, si logra combinar las políticas de justicia social con políticas que mejoren las condiciones ambientales, podrá configurar, como proyecto nacional, la creación de una sociedad más justa y también más sostenible.

Antártida: un lago a 4.000 metros de profundidad

13.02.2012 | lo encontraron los rusos bajo la estación vostok

Un lago a 4000 metros bajo la Antártida

 Formado hace 40 mil millones de años, tiene 300 kilómetros de largo. La temperatura en ese lugar es de 89,2 grados bajo cero, similar a la de Marte, de 90 grados bajo cero. Se estima que tiene el agua más pura y antigua del planeta.

 El hallazgo del lago Vostok bajo cuatro 4000 metros de hielo es el primer paso para el descubrimiento de vida en otros planetas, como Marte, donde las condiciones son similares a la antártica, aseguró a el jefe de la expedición antártida rusa.

“En la estación rusa Vostok la temperatura desciende hasta los 89,2 grados, cuando en Marte es de 90 grados bajo cero”, afirmó Valeri Lukín, subdirector del Instituto de Investigaciones Árticas y Antárticas (IIAA).
El científico ruso destaca que “los equipos utilizados para perforar el hielo que cubría el lago y diseñados con ese único fin por el Instituto de Ingeniería de Minas de San Petersburgo han sido un éxito, por lo que esa tecnología podría ser utilizada ahora para explorar otros planetas”.
“El lago de la vida”, como ya ha sido bautizado entre la comunidad científica y que tiene cerca de 300 kilómetros de largo, 50 de ancho y casi 1000 metros de profundidad en algunas zonas, podría acoger el agua más pura del planeta, y especies desconocidas o muy ancestrales.
“Probablemente se trate del agua más pura y antigua del planeta. No tenemos pruebas directas, pero sí datos de que la superficie será estéril, aunque en el fondo del lago habrá formas de vida como termófilos y extremófilos (microorganismos que viven en condiciones extremas)”, comentó.
Lukín revela que los expedicionarios rusos, cuyas perforaciones hasta alcanzar la superficie del lago duraron más de 20 años, encontraron “rastros del ADN de termófilos” a unos 3600 metros de profundidad, por lo que es probable que haya vida en esa masa de agua líquida formada hace 40 millones de años.
“Si no hallamos nada, eso también sería un hallazgo. Pero si se encuentra algún organismo, podremos seguir el proceso de evolución de especies vivas que no tuvieron ningún contacto durante muchos miles de años con la atmósfera terrestre”, dijo.
El científico también está convencido de que el Vostok será un “interesante polígono” para estudiar los medios de acceder a las zonas polares de Marte y el satélite de Júpiter, Europa, que acoge una gran capa de hielo y muy posiblemente agua. “Y ya que hay agua, significa que hay que buscar vida”, insistió.
Según Lukín, los resultados de la exploración del lago antártico serán también fundamentales para el estudio del cambio climático en la Tierra durante los próximos siglos, ya que el Vostok es una especie de termostato aislado del resto de la atmósfera y de la superficie de la biosfera durante millones de años.
Varios expedicionarios rusos hibernarán en la estación, pero nadie tocará el lago hasta diciembre próximo, cuando se reanudará la expedición.
“Si todo va bien, traeremos muestras del agua congelada a Rusia en mayo de 2012. Ahí sabremos si el Vostok es hogar de nuevos microorganismos, bacterias o nada”, dijo.
El jefe de la expedición antártica reconoce que algunos científicos y especialistas occidentales se han mostrado “escépticos” con el descubrimiento y con el peligro de que los rusos infecten el santo grial del lago, saturado de oxígeno con unos niveles de concentración 50 veces superiores a los del agua dulce. “Hay demasiada política. Muchos otros países querían ser los primeros. Hemos utilizado equipos especiales de perforación para no dañar este ecosistema único.”

Carta abierta ante la Megaminería

Institucional
Carta abierta ante la Megaminería

A los ciudadanos y autoridades:

La elocuencia de los hechos de estos días muestra que el conflicto sigue en pie. Esta es la hora de tomar conciencia para asumir como pueblo una decisión social y política que nos merecemos.
Como miembros del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) queremos expresar nuestra preocupación y contribuir al debate que plantea el avance de los proyectos de Megaminería y sus consecuencias, como en el caso de La Rioja y Catamarca.

Sin abordar un análisis minucioso del caso -no es nuestra intención-, valga recordar algunas consecuencias de la Megaminería con evidencia científica: ante todo el consumo del agua, que puede involucrar nada menos que 300.000 m3 por día, en algunos emprendimientos en curso, y la utilización y generación de peligrosos contaminantes como el Cianuro que provocan graves desequilibrios en agua y suelo y son altamente tóxicos para los seres vivos, producen enfermedades mortales.

Por otro lado esta minería, a cielo abierto, desplaza las actividades económicas locales, afectando la cultura y la identidad de comunidades para las cuales la tierra es el centro de su vida. No se respetan los derechos culturales, sociales y económicos, ni el derecho a la tierra y al agua, ni la libertad de expresión de las poblaciones locales.

Algunos emprendimientos Megamineros que llevan más de 10 años de actividad en nuestro país han mostrado devastadoras consecuencias y míseros beneficios para las regiones involucradas. La lista de daños a la actividad productiva, a los ecosistemas naturales y las consecuencias en la salud de la población involucrada son alarmantes.

Nuestro país es muy codiciado por las grandes transnacionales mineras por la gran cantidad de posibilidades de sus recursos y sobre todo por la legislación permisiva sancionada a partir del 1993 que establece beneficios para las empresas mineras, especialmente a través de increíbles exenciones fiscales. No existe aún un marco regulatorio indispensable para el control de esta actividad y el resultado es una larga lista de violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional de la República Argentina reconoce como Derecho Humano “el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Hace 5 siglos la ambición imperialista de entonces, en busca de oro y conquista, devastó a los pueblos originarios de Nuestra América. Hoy los imperios son otros, las empresas trasnacionales de la Megaminería se inscriben en esa lista. Los sobrevivientes de aquellos pueblos y los que habitamos estas tierras somos de nuevo amenazados, lo trágico es que quienes ejercen la autoridad no han aprendido las lecciones de la historia. La gente del pueblo en cambio, sí lo hizo y ya ha decidido.

La Megaminería juzga el desarrollo meramente en términos de rentabilidad económica. No puede ser lícita una actividad que no tiene en cuenta el costo ambiental y social que involucra.
No hablamos de prohibir la minería en general, sino un determinado tipo de explotación a cielo abierto, contaminante, que extrae principalmente oro, que sirve para bienes suntuarios y para acumular divisas.

Si nos consideramos una sociedad que protege y defiende la vida, ante la sola presunción de que estamos frente a un daño grave y de un peligro para la vida de personas, debemos al menos, considerar el principio de precaución y tomar TODOS los recaudos necesarios.

La Bioética, particularmente desde un paradigma latinoamericano, debe aportar su voz ante esta realidad, es una amenaza a la vida y a las condiciones de vida, a nivel biológico, social, cultural y político. Se trata de muchas vidas, la de comunidades enteras que se ven vulneradas y en peligro de supervivencia. Y si la Bioética nació para tender un puente hacia el futuro es deber de quienes la sostenemos defender ese futuro, el de nuestra casa o madre común, la tierra y el de los seres que la habitamos.

Como Miembros del Centro de Bioética UCC, compartimos la preocupación social y apoyamos la resistencia que se ha generado. Creemos que la voluntad de los pueblos no puede ser desoída, subestimada ni avasallada.

Por esto nos sumamos a quienes manifiestan y piden que se detengan las actividades Megamineras en nuestro país y llamamos a todos, para que se hagan escuchar muchas voces, que se unan a las voces de los pueblos que están de pie, para que se discuta y se decida en los ámbitos correspondientes su licitud, a la luz de los Derechos Humanos, los derechos y cosmovisiones de los pueblos y los derechos de la tierra.
Firman:
Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Adolfo Facello, Juan Carlos Stauber, Paula Cooke, José
Alessio, Andrés Toledo.
(Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba)

Si querés adherir a esta carta por favor completá este breve formulario

 

http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2088&sec=29&vermas=1&PHPSESSID=d1af66948d476d78ecdadea677421327

Libros. La Pachamama y el Humano. Raul Eugenio Zaffaroni (3)

10/02/2012

La Naturaleza es persona

Categoría: Notas

(Con el audio de la conferencia del doctor Eugenio Zaffaroni y la introducción del libro “La Pachamama y el Humano”)

¿La Naturaleza es sujeto de derecho? ¿Puede considerarse entonces una persona jurídica? ¿Pueden los seres humanos hacer lo que quieran con ella sin enfrentarse a consecuencias penales? ¿Llegó el momento histórico de reconocer los derechos de la tierra, de la misma manera que cuando le fueron negados a los animales? Raúl Eugenio Zaffaroni, l ministro de la Corte Suprema de Justicia, presentó, el libro La Pachamama y el Humano el lunes pasado en la Biblioteca Nacional. El juez expresó allí la necesidad de pensar nuestra relación con la Naturaleza, porque “si siguen depredando los ríos, las montañas, los animales, el planeta va a seguir viviendo, pero los que no vamos a seguir viviendo somos nosotros, los seres humanos”.

 

Durante su disertación, Zaffaroni reconoció que las culturas originarias siempre trataron a la naturaleza como un sujeto de derecho y respeto. Así lo evidencia la incorporación de este concepto, también conocido como “buen vivir”, en las constituciones nacionales de Ecuador y Bolivia. Las culturales occidentales, en cambio, han negado esos derechos. En ese sentido, se refirió al fundamento de los derechos humanos como bien jurídico y la relacionó con los graves problemas ambientales de la actualidad. La desertificación –ejemplificó– dio origen a la matanza y el desplazamiento de poblaciones enteras de la nación africana Sudan. Advirtió también: “ En estas condiciones se corre el riesgo de hacer inhabitable el planeta para la raza humana”.

Bien jurídico

En la introducción de su libro, Zaffaroni reseña la evolución histórica del concepto filosófico y jurídico que permitió reconocer derechos a los animales. Este desarrollo conceptual le permite establecer un vínculo con otro ser “inanimado” que necesita convertirse en sujeto de derecho ante la escandalosa violencia de la que es víctima en la actualidad: la tierra. Razona Zaffaroni:

“La atención a los daños ambientales producidos en el último siglo y sus consecuencias han sido reclamadas en todos los tonos, dando lugar a reacciones dispares concretadas en propuestas y movimientos también diferentes-muchas veces conocidos como movimientos o ideologías verdes– y a la postulación de un general y difuso reclamo de vida respetuosa de la naturaleza, que se reflejan de modo muy significativo en el campo jurídico.

En el campo del derecho –lo que podríamos llamar el ecologismo jurídico– no avanzó mucho hasta el presente en el reconocimiento de sujetos de derecho diferentes del ser humano. Su manifestación jurídica dio lugar al desarrollo de una nueva rama del derecho –el derecho ambiental– y, como no podía ser de otra manera, inmediatamente pasó al derecho penal, como la tutela penal del medio ambiente o derecho penal del medio ambiente, al tiempo que se producía una considerable profusión de convenciones, declaraciones y proyectos en el plano internacional, dando lugar al derecho ambiental internacional, que permanece vinculado o cercano al derecho internacional de los Derechos Humanos.

El ecologismo jurídico en general reconoce al medio ambiente la condición debien jurídico y como tal lo asocia a lo humano por la vía de los bienes colectivos o bien de los derechos humanos, no faltando autores que directamente dan por presupuesto que se vincula a la protección de la vida humana, lo que también parece ser compartido por la mayoría de los penalistas. La propia tutela constitucional del medio ambiente seguía claramente la tradición de considerarlo como un derecho humano.

Puede decirse, pues, que el ecologismo jurídico es en realidad unambientalismo jurídico, donde campea la idea de que el medio ambiente sanoes un derecho del humano”.

http://lavaca.org/notas/la-naturaleza-es-persona/

Techos verdes

En Detalle: Techos Verdes

Por  02/02/2011

© Brad Feinknopf

Los Techos Verdes contribuyen a que las ciudades esten más saludables y son una verdadera y lógica opción  al momento de considerar el diseño de edificios verdes en zonas urbanas.

Se trata de un sistema de capas que incorpora el uso de vegetación sobre cubiertas de techos, proporcionando beneficios sociales, económicos y para el medio ambiente, especialmente en áreas urbanas. Puede además incorporar nuevas tecnologías, tales como de agricultura urbana o producción de alimentos, sistemas de reciclaje de aguas o la instalación de paneles solares.

Vía tici9cvidal

El techo verde busca devolver a los habitantes lo que se perdió en el desarrollo humano, para lograr un mejor uso de la ciudad, edificios más eficientes y considerar los ecosistemas como parte valiosa para nuestras comunidades. Existente en Europa desde hace décadas, fue desarrollado desde mediados del 1800 para efectos estéticos y a un alto costo, pese a haber sido parte de la arquitectura vernácula durante siglos.

Vía Bp

Se fue aplicando en forma masiva desde los años 60 del siglo pasado, en Alemania, donde se reconocieron sus beneficios ecológicos y para el medioambiente. Alemania, que sigue siendo líder en este tema, cuenta hasta ahora con aproximadamente el 15 por ciento de sus techos planos y con cubiertas vegetales (13,5 millones de m2 aprox.). Norteamérica, desde los años 90, ha ido incrementando la investigación sobre el tema y su uso, principalmente en colegios, edificios municipales y oficinas. Esta tendencia ayuda a contribuir al mantenimiento ecológico en el ambiente urbano, lo que ha impulsado a ciudades como Vancouver, Chicago, Stuttgart, Singapur y Tokio, a generar leyes que obligan a cubrir el 20% de las terrazas de los edificios con plantas.

Vía bligoo

Por medio de la utilización de terrazas y azoteas para ubicar jardines, se emplea un sistema compuesto por un mínimo de tres capas. La primera capa es de aislación, la segunda es para el crecimiento de las plantas y la tercera es de irrigación.

Vía revistaCA

Principales características:

  • Logran reducir el CO2 del aire y liberan oxígeno.
  • Reducen la cantidad de calor absorvido del sol que luego es liberado por los edificios al medio ambiente. (“efecto de isla de calor urbano”).
  • Aislan los edificios, manteniendo el calor durante el invierno y el frio durante el verano, lo que permite un ahorro energético.
  • Regulan el escurrimiento del agua ya que retienen las aguas pluviales.
  • Permite mejorar el paisaje.
  • Favorecen la biodiversidad en el medio ambiente urbano.
  • Aislan el ruido exterior.

Las principales razones para su utilización tienen que ver con el ahorro de energía, sus propiedades como excelente aislador térmico y los beneficios en el control de las aguas lluvia, lo que justifica económicamente su masificación.

Aislación Térmica: los diferentes componentes del techo y sus propiedades, contribuyen a la eficiencia térmica de éste: el hecho de no estar expuesto directamente al sol, la evaporación de agua de las plantas y del sustrato (medio de crecimiento de las plantas), la aislación adicional y los efectos de la masa térmica. Se ha comprobado que el techo verde puede llegar a reducir la demanda energética en un promedio de 66 por ciento al año. Si bien el funcionamiento del techo en verano es mucho más eficiente, en invierno disminuye, aunque sin dejar de aportar beneficios térmicos. En el gráfico podemos comparar el comportamiento de un techo plano  con respecto uno verde, la fluctuación de temperaturas en el segundo caso es mucho mas estable y controlada.

Vía revistaCA

Control de aguas lluvias: Utilizado en muchos países por esta razón, el techo verde, gracias a su capacidad de absorción de agua, resulta una buena opción para mitigar el impacto de las lluvias y las posteriores inundaciones en la ciudad. El techo absorbe la mayor parte del agua caída y la libera en forma gradual, más tarde. Lo que es absorbido por el techo es liberado luego a la atmósfera vía condensación y evapo-transpiración, dejando los contaminantes en la tierra, mejorando la calidad del aire y evitando la contaminación de los cursos naturales de agua. En el gráfico podemos comparar la superioridad en cuanto a absorción entre un techo plano común y uno verde.

Vía revistaCA

Los techos verdes pueden ser clasificados en tres categorías. Los techos intensivos son de más de 20 cm de espesor, requieren un refuerzo en la estructura, son de tipo parque con fácil acceso y pueden incluir desde especias para la cocina a arbustos y hasta árboles pequeños, requieren mucho trabajo, irrigación, abono y otros cuidados. Los techos extensivos, fluctúan entre 2 y 15 cm de espesor, y están diseñados para requerir un mínimo de atención, tal vez desmalezar una vez al año o una aplicación de abono de acción lenta para estimular el crecimiento. Se los puede cultivar en una capa muy delgada de suelo; la mayoría usa una fórmula especial de compost o incluso de “lana de roca” directamente encima de una membrana impermeable. Se habla a veces también de un sistema semi-intensivo que tiene un espesor entre los 15 y los 20 cm.

Vía Bp

Fuentes: Wikimedia CommonsGreenadeGreenroofsRevista CA

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/02/en-detalle-techos-verdes/

Escultura vegetal. Jardín vertical. Vitoria-España

Escultura vegetal en Vitoria-Gasteiz

Alicante Forestal, en unión con Urbanarbolismo y Alijardín, ha realizado la instalación la escultura vegetal símbolo de Vitoria como Green capital europea.

Vista general con el monumento en la Plaza

Esta pieza de arte vivo está realizada basándose en el sistema de jardines verticales Leaf.box, incluye dos especies vegetales diferentes. Sus dimensiones son de alrededor de 7 metros de largo y 3 metros de altura, y permanecerá en la Plaza de la Virgen Blanca, en el centro de Vitoria, durante el año 2012.

Detalle de las estructuras y la vegetación


Desde el momento de su inauguración, el 7 de febrero, la figura verde se ha convertido en el centro de atención de los viandantes, creando un nuevo punto de referencia y una foto típica más para la ciudad de Vitoria.

Escultura vegetal nevada

http://www.alicanteforestal.es/escultura-vegetal-en-vitoria-gasteiz/

Información pública ambiental. FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales )

Información pública, acceso, FARN

Humedales (6): La Defensoría del Pueblo de la Nación pide el fin de los barrios privados sobre humedales

Miércoles 1 de diciembre de 2010
Argentina: La Defensoría del Pueblo de la Nación pide el fin de los barrios privados sobre humedales

INDYMEDIA

Es el primer organismo público de la Argentina en expedirse sobre el daño ambiental y social generado por las grandes urbanizaciones cerradas sobre tierras inundables. El negocio de los complejos de barrios privados se basa en la adquisición -muchas veces irregular- de estas tierras a bajo costo para rellenarlas, lo que destruye su rol ecológico, perjudica a los pobladores preexistentes y arrasa con el patrimonio arqueológico milenario de los pueblos originarios.
Punta Querandí, un sitio sagrado querandí ubicado en el paraje rural de Punta Canal (Tigre), sirvió de voz de alerta por la destrucción del patrimonio natural y cultural bonaerense por acción de las desarrolladoras de barrios privados, situación que cometen sin ningún control de las autoridades ambientales y arqueológicas desde los 90′. En agosto un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación se centró en el impacto arqueológico, ahora una nueva resolución -mucho más contundente- focaliza sobre el impacto ambiental.
Con fecha de 11 de noviembre, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, exhortó a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando a sólo autorizar de emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales. Además pidió realizar un estricto control en el cumplimiento de la exigencia legal de Estudio de Impacto Ambiental, para los emprendimientos urbanísticos o industriales en las zonas continentales vecinas al Delta del río Paraná. Por último, reiteró a las munipalidades las exhortaciones de la resolución 100/10 emitida en agosto donde se les pide a los municipios que informen a través de todos los medios de comunicación local el listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental. Así mismo también se los exhortó a que adopten el procedimiento de Audiencia Pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la Evaluación de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura.
La actuación se inició en marzo por una solicitud de integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha que reclama por el sitio sagrado de Punta Querandí, un predio público con restos arqueológicos que es reivindicado por organizaciones indígenas, vecinos y pobladores del Gran Buenos Aires. En el lugar la empresa EIDICO quiere ampliar los dominios del Complejo Villa Nueva, un megaemprendimiento de 850 hectáreas y 11 barrios náuticos construidos sobre tierras inundables del humedal del Delta del río Paraná.
A partir de esta problemática, la Defensoría amplió su investigación al conjunto del Delta, motivo por el cual se pidieron informes a las municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Sin respuesta de los gobiernos, el organismo nacional emitió la resolución 100/10 que exhorta a adoptar medidas para preservar sitios arqueológicos. La indiferencia demostrada por las municipalidades ante esta resolución “obliga al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio natural”, expresó el organismo en el nuevo dictamen.
Horacio Esber, director de derechos sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, explicó a Indymedia que si bien la resolución no es de cumplimiento directo, sirve a la población como fundamento para pedirle a la justicia una medida cautelar para frenar un emprendimiento que los afecte. “Para un juez va a ser mucho más fácil dar curso a la demanda”, confió el funcionario, quien agregó que el dictamen se refiere a la región interior del Delta pero tiene incidencia en otras regiones del país donde existan humedales.
Importancia del humedal
En sus considerandos, la Defensoría expresó que es fundamental “crear o reforzar la conciencia colectiva sobre el concepto de humedal, para revalorizar esa riqueza de nuestro medio natural, en la perspectiva de los servicios que prestan a la naturaleza y a la sociedad”. “Una región de humedales no es equiparable, ni geográfica, ni demográfica, ni económica, ni culturalmente, a las otras regiones continentales urbanas o rurales”, agregó el organismo, que destacó que su contaminación se produce “como una especie de cáncer que se va extendiendo por debajo de la superficie, sin ser, a veces, evidente”.
La Defensoría definió la región inferior del Delta como la más afectada por la actividad humana: explotación económica de cultivos, obras viales y emprendimientos urbanísticos o turísticos. Y subrayó que su población tiene diversas motivaciones para vivir allí, además de quienes realizan actividades económicas están las personas que han optado por un tipo vida diferente al de las ciudades o las zonas rurales del continente, quienes ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, “el derecho a una opción de vida” y brindan a la Nación y a la humanidad la función de “custodios de fuentes de recursos vitales”.
Entre otros aspectos negativos de estos emprendimientos, el organismo destacó que los pobladores aledaños a los barrios privados denuncian que pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos; y ven además anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de la tierras donde construidas tales barrios. Además remarcó que se cuestiona que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de su enajenación.
Desde la Defensoría expresaron que la problemática de los barrios privados aún no está muy visualizada por los sectores políticos, a diferencia de lo que sucede con los agrotóxicos, pero que esperan que el dictamen tenga mucho impacto en las organizaciones no gubernamentales, sectores ambientalistas y los medios alternativos.
La inédita resolución de la Defensoría es un logro conjunto del reclamo por los ancestrales habitantes del humedal, motorizado por el Movimiento en Defensa de la Pacha, y de ambientalistas como la Asamblea Delta y Río de la Plata (Tigre), la Asociación Ambientalista Los Talares (Escobar) y la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, quienes también iniciaron actuaciones ante el organismo público nacional.
A continuación, la resolución completa:
BUENOS AIRES, 11 de noviembre de 2010
VISTO la actuación 959/10, “Solicitud de intervención relacionada con la preservación del patrimonio arqueológico y natural del Delta del Río Paraná en la localidad de Tigre”, y
CONSIDERANDO:
Que esta actuación se inició con la presentación de vecinos de la localidad de TIGRE, en la que expresan su preocupación por la amenaza a los sitios arqueológicos y por el impacto ambiental como consecuencia de la construcción de barrios cerrados.
Que asimismo señalan, que el impacto ambiental (esto es, el impacto ecológico más el social), por la urbanización de miles de hectáreas de humedales, representa una seria afectación al ecosistema del Delta del Paraná.
Que la especificidad de ambas cuestiones aconsejó abordar cada una en diferentes resoluciones.
Que mediante Resolución D.P. Nº 100/10, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION formuló las exhortaciones del caso a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO, a efectos de la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico en la región.
Que se registran asimismo en esta Institución, las actuaciones Nº 5500/10, caratulada: “Asociación Ambientalista Los Talares, sobre falta de respuesta sus reclamos” y actuación Nº 5642/10, caratulada: “Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, sobre solicitud de intervención vinculada a la proliferación de emprendimientos urbanísticos en humedales continentales e insulares”.
Que en estas actuaciones se cuestionan, así como en la presente, las urbanizaciones proyectadas en el humedal del Delta.
Que en lo relativo a la cuestión ambiental (objeto de la presente resolución) se debe partir del hecho que el Delta del Paraná posee características biogeográficas y ecológicas particulares, debido a que el Río Paraná fluye desde los trópicos hasta la zona templada, arrastrando rica variedad de sedimentos, los cuales en su desembocadura, forman el único Delta del mundo sin contacto con el mar, es decir, totalmente de aguas dulces.
Que es uno de los más importantes humedales de Argentina con aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados, que se extiende a lo largo de casi 400 kilómetros por unos 60 km. de ancho.
Que al respecto, es fundamental crear o reforzar la conciencia colectiva sobre el concepto de humedal, para revalorizar esa riqueza de nuestro medio natural, en la perspectiva de los servicios que prestan a la naturaleza y a la sociedad.
Que a partir de este conocimiento, se puede analizar alternativas de manejo productivo que sean compatibles con su uso sostenible.
Que la región inferior del Delta (limitada al norte por el Río Paraná Guazú, al sur por el Río Luján, al oeste por el canal Irigoyen en el partido de Zárate y al este por la frontera móvil del Río de la Plata) es la más afectada por la actividad humana: explotación económica de cultivos, obras viales y emprendimientos urbanísticos o turísticos.
Que además, hay que considerar que el reciente corrimiento de la frontera agrícola, ha significado un incremento muy grande de la explotación ganadera en zonas insulares, antes poco ocupadas, con sus consecuencias ambientales, por falta de control estatal.
Que, a propósito del punto anterior, es conocido el reciente fenómeno de los incendios forestales sin control en el Delta, debido a la imprudente quema de malezas con el objetivo de liberar tierras bajas para la ganadería, desplazada de las tierras altas por el cultivo de la soja.
Que también se registra la amenaza indirecta de la contaminación de afluentes, como el Río Reconquista que arrastra deshechos de regiones altamente pobladas de la provincia Buenos Aires
Que obran en esta Defensoría antecedentes en varias actuaciones que tratan directa o indirectamente sobre presuntas violaciones al derecho a un ambiente sano y a la elección de una forma de vida sobre la región que nos ocupa: Act. 9197/00 por posible contaminación de zonas isleñas; Act. 11691/00 sobre corte del río Reconquista; Act. 11805/00 Reserva de la biosfera y la integridad del Delta del Paraná; Act. 118/02 sobre refulado de barros; Act. 1606/04 sobre contaminación del Río Reconquista; Act. 2136/08 sobre incendios en el Delta del Río Paraná.
Que, por otra parte, no puede considerarse que un humedal concluya en la margen de un río (como el Luján), asumiendo a este límite geográfico como si fuera un límite político, cuando, en la otra margen de ese río (en este caso, la continental), se dan también las características propias del humedal como lo son los bajos inundables, que a tal punto son bañados que para su utilización (en el caso urbanizaciones) los mismos son rellenados a cotas tales que descarten su anegamiento aún en los casos de las más altas crecientes.
Que este hecho implica un tipo de agresión al medio ambiente, especialmente sensible a la naturaleza y a la vida humana, por cuanto la contaminación de humedales, en una región que posee ríos con caudales y fuerza como los del Delta, suele no ser fácilmente detectable. Esta dificultad se debe a que la potencia de esas corrientes de agua parecen “limpiar” todas las superficies a su paso en cada movimiento de marea, pero en realidad la contaminación se produce como una especie de cáncer que se va extendiendo por debajo de la superficie, sin ser, a veces, evidente.
Que toda consideración sobre estos tópicos debe guiarse por la vigencia del concepto de desarrollo sustentable que contiene como criterio fundamental el uso racional de los recursos al servicio de la comunidad.
Que desde este supuesto socio-económico y cultural, contenido en el marco jurídico del derecho ambiental, considerado hoy como un derecho humano en la línea de los derechos sociales, una región de humedales no es equiparable, ni geográfica, ni demográfica, ni económica, ni culturalmente, a las otras regiones continentales urbanas o rurales.
Que esto que parece evidente, no lo es tanto si se recuerda que, para las intensas prácticas desarrollistas, todavía vigentes en el segundo tercio del siglo pasado, la mayor parte de lo que hoy se define como humedales, se los consideraba pantanos insalubres y deberían de haber sido rellenados para adecuarlos a la agricultura o asentamientos humanos.
Que por otra parte la población del Delta tiene diversas motivaciones para vivir allí. Además de quienes realizan actividades económicas (y no siempre viven en el Delta) están las personas que han optado por un tipo vida diferente al de las ciudades o las zonas rurales del continente.
Que al elegir vivir de ese modo, oriundos o inmigrantes, ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, el derecho a una opción de vida y, al mismo tiempo, brindan a la Nación y a la humanidad la función de custodios de fuentes de recursos vitales.
Que respecto a esta opción de vida, en su oportunidad esta Defensoría procedió a verificar in situ una encuesta, anteriormente realizada, a los pobladores de la Primera Sección de Islas del Delta del Paraná.
Que la misma había sido realizada por la Cátedra de Ingeniería Ecológica de la Universidad de Flores y su objetivo fue recabar la opinión de los vecinos con respecto al proyecto de urbanizaciones y sistemas viales a cargo de una empresa privada.
Que los resultados objetivos de la encuesta verifican que la inmensa mayoría de la población teme las consecuencias ambientales y sus consiguientes perjuicios para la calidad de vida, por la realización de proyectos urbanísticos sin riguroso control estatal en el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Que además el 88,5 % se oponía a cualquier construcción de calles en las islas. El 85,8 % se oponía la construcción de puentes. El 84,5 % se oponía a las construcción de countries.
Que es significativo que tanto las personas que trabajan fuera del Delta, como las que viven en su exterior, se opongan a todo tipo de caminos y puentes, los que a prima facie facilitaría sus traslados cotidianos.
Que estas personas afirman que prefieren afrontar las contingencias de los transportes acuáticos a cambio de los beneficios que significa el mantener la identidad de la región en su carácter de humedal.
Que manifiestan su convicción de que el Delta del Paraná es un patrimonio público a disposición y disfrute de todos los habitantes de la Nación, siempre y cuando siga siendo precisamente Delta.
Que en tal sentido no se oponen a las actividades turísticas, muy por el contrario, ven con simpatía la presencia de turistas, porque además ello contribuiría a difundir y crear una conciencia nacional sobre el valor de este sistema hidrológico,
Que exigen que las mismas se lleven a cabo cumpliendo rigurosamente las normas jurídicas y de cuidado del medio natural.
Que se hace especial hincapié en el carácter del Delta del Paraná, único en el mundo totalmente rodeado de agua dulce, inmensa reserva, el más rico del planeta en la diversidad de su fauna.
Que este conjunto de humedales componen un ecosistema frágil extraordinariamente sensible a la intervención de la ingeniería humana.
Que son altamente alentadoras las diversas propuestas de declarar a toda la región del Delta del Paraná como “Zona protegida” en alguna de las figuras nacionales o internacionales adecuadas al respecto ( “Sitio Ramsar”, por ejemplo)
Que la Convención RAMSAR (2000) ha producido un encuadre metódico y conceptual de gran valor a este fin.
Que los manuales de RAMSAR para el uso sostenible de humedales resultan útiles también para el análisis y gestión de impaºctos ambientales de proyectos de desarrollo.
Que señalan asimismo los requirentes, el impacto ecológico y social ocasionado por los emprendimientos localizados en tierra firme, destacando la “urbanización de miles de hectáreas de humedales” con la afectación que ello representa al ecosistema del Delta del río Paraná.
Que al elegir vivir de ese modo, oriundos o inmigrantes, ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, el derecho a una opción de vida y, al mismo tiempo, brindan a la Nación y a la humanidad la función de custodios de fuentes de recursos vitales.
Que denuncian también que pobladores aledaños a los barrios cerrados, pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos y ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios.
Que se cuestiona asimismo, que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.
Que en materia de emprendimientos urbanísticos, proyectos turísticos y todo tipo de explotaciones económicas de recursos naturales o despliegues de infraestructuras, el carácter federal de la República Argentina establece dominios, jurisdicciones y administraciones diferenciadas por diversos niveles de autonomía.
Que no obstante el considerando anterior, la Constitución Nacional, los tratados de rango constitucional y los tratados internacionales, constituyen un compromiso indisoluble con la preservación del medio ambiente, los ecosistemas, la conservación biológica, los patrimonios naturales y culturales y los derechos humanos, mediante una estricta coordinación con el Estado Nacional en las políticas a aplicar.
Que al elegir vivir de ese modo, oriundos o inmigrantes, ejercen un derecho humano y constitucional fundamental, el derecho a una opción de vida y, al mismo tiempo, brindan a la Nación y a la humanidad la función de custodios de fuentes de recursos vitales.
Que denuncian también que pobladores aledaños a los barrios cerrados, pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos y ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios.
Que se cuestiona asimismo, que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.
Que la índole de la problemática excede en mucho la circunscripción al partido de Tigre, para abarcar el conjunto del Delta.
Que a efectos de no angostar la investigación e incluir en la misma zonas afines, en las que podrían verificarse circunstancias similares a las planteadas por los interesados respecto de la localidad de Tigre, se formularon pedidos de informes a las autoridades comunales de la zona costera del río Paraná que se extiende entre los municipios de Zárate y San Fernando.
Que los requerimientos se cursaron a los Intendentes Municipales de las siguientes Comunas: ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO.
Que, tal como se expresara en la reciente Resolución D.P. 100/10, esas solicitudes abordaban aspectos esenciales que hacen al desarrollo sustentable, respetuoso del patrimonio natural y cultural.
Que, entre los datos requeridos a los municipios, se hallaban los siguientes:
– Detalle los nombres y localización de los Barrios Cerrados (BC) autorizados a partir del 2 de febrero de 1998, indicando en cada caso:
Si se cumplió en cada caso con el estudio de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental. Sírvase remitir copia de las conclusiones.
Si además del requisito contemplado en el artículo 3° del Decreto N° 27/98 de la Provincia de Buenos Aires, se requirió la prospección prevista en el artículo 13, párrafo tercero, del Decreto Nacional N° 1022/04
– A través de qué medios se cumple con la prescripción del artículo 17 de la Ley N° 11.723.
– Sírvase remitir copia del registro previsto en el artículo 24 de la Ley N° 11.723.”
Que si bien la Ley Nº 11.723 y el Decreto Nº 27/98 no imponen la celebración de Audiencia Pública para recepcionar y responder las observaciones sobre el Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental de los proyectos, la realización de la misma es una sana práctica de gobierno que otorga mayor transparencia a los actos de la Administración Pública, a la vez que confiere a los ciudadanos y ciudadanas una efectiva participación en la administración de la cosa pública.
Que la Ley Nº 11.723 Del Medio Ambiente, de la Provincia de Buenos Aires, en sus artículos 16 y 17, prevé el acceso de los habitantes de la provincia a las Evaluaciones de Impacto Ambiental y a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
Que tal previsión debería estar acompañada de la adecuada publicidad, para no tornar abstracta esa prescripción. Que pese a haber recepcionado las municipalidades los pedidos de informes de esta Institución (tal como lo acreditan los acuses de recibos postales agregados a la presente actuación), no se han recibido las respuestas a las solicitudes.
Que la falta de contestación impide a esta Institución conocer la situación que se verifica en cada municipio respecto de la cuestión ambiental abordada en la presente y la manera en que se da cumplimiento con la normativa vigente.
Que tampoco merecieron respuesta, por parte de las Municipalidades citadas, las exhortaciones formuladas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a través de la Resolución D.P. Nº 100/10.
Que dicha falta de respuesta obliga al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio natural.
Que es facultad del Defensor del Pueblo de la Nación la custodia de los valores arriba indicados por lo que se procede formular las pertinentes exhortaciones, en los términos del artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL y artículo 28 de la Ley N° 24.284, a las municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE Y SAN FERNANDO.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley N° 24.284, modificada por la Ley N° 24.397.
Por ello,
EL ADJUNTO I DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Exhortar a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO la adopción de las siguientes medidas:
a) Realizar un estricto control en el cumplimiento de la exigencia legal de Estudio de Impacto Ambiental, para los emprendimientos urbanísticos o industriales en la ZONAS CONTINENTALES VECINAS al DELTA DE RIO PARANA.
b) Solo autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales.
ARTICULO 2º.- Reiterar a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO las exhortaciones contenidas en el artículo 1º incisos e) y f) de la Resolución D.P. Nº 100/10 a efectos que:
a) Se informe, a través de todos los medios de comunicación local, el listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
b) Se adopte el procedimiento de Audiencia Pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la Evaluación de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura.
ARTICULO 3º.- Poner en conocimiento de la presente al ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese y resérvese.
RESOLUCION Nº 141/10
DR. ASELMO SELLA
ADJUNTO I A CARGO DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
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